La Superintendencia de Bancos, a través de investigaciones y rastreo de cuentas, logró acumular una prueba más al caso del legislador Rubén Darí­o Morales, quien se habrí­a beneficiado no de Q300 mil sino supuestamente con más de un millón de quetzales por concepto de comisiones a través de MDF, producto de inversiones de dinero propiedad del Congreso de la República de Guatemala.

El traslado de fondos de cuentas del parlamento guatemalteco ocurrió cuando el diputado Morales actuó como presidente de la Junta Directiva dentro de la legislatura anterior correspondiente a 2004-2008.

Morales ha declarado a la prensa que durante su administración parlamentaria sí­ se invirtió dinero propiedad del parlamento, pero que regresó í­ntegro a las arcas de ese organismo y que él no recibió ningún beneficio personal.

Los nuevos hallazgos indican que supuestamente más de Q700 mil habrí­an llegado a él a través de cuentas bancarias propiedad de su esposa y también de sus hijos, quienes se habrí­an beneficiado con los depósitos de comisiones.

APOYO

Jaime Martí­nez Lohayza, jefe del bloque Gran Alianza Nacional que integra el diputado Morales, reiteró que como grupo legislativo sigue respaldando al acusado porque hasta hoy ha cumplido con su trabajo legislativo en el pleno.

Martí­nez Lohayza reiteró que en el plano legal, el diputado Rubén Darí­o Morales está entendido que sus problemas personales los debe resolver personalmente; «si es culpable, que sea la ley que lo determine», insistió.

El jefe del bloque Gana recordó que fue su bancada la que invitó a Rubén Darí­o Morales a formar parte de esa agrupación, pero con el objetivo de apoyar la agenda legislativa que impulsan y que ha cumplido el acusado.

URGE

«Investigar qué tenemos y cómo se han obtenido los bienes», dijo Garcí­a para referirse a cada uno de los 158 representantes del pueblo y que serí­a lo más acertado para evidenciar acusaciones o dudas que pesan sobre los parlamentarios, insistió Garcí­a.

Por ello, insistió una vez más sobre la necesidad que persiste en aprobar la «Ley Contra el Enriquecimiento Ilí­cito de Funcionarios» y que en su contenido está castigar a hombres o mujeres al servicio del Estado que reciban comisiones por obras o servicios, ilustró Aní­bal Garcí­a.