De 58 años, hijo del ex presidente colombiano Julio César Turbay Ayala, quien ejerció el mando entre 1978 y 1982, y de Nydia Quintero, una líder cívica, Julio César Turbay Quintero, Contralor General de Colombia y Presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) habla con La Hora, sobre las amenazas a la seguridad regional como la corrupción y el tráfico de ilícitos, y cómo se combaten con el apoyo de la sociedad y la comunidad internacional.
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Previamente a la XX Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, Turbay Quintero se toma un tiempo para conversar sobre los temas de mayor preocupación en Latinoamérica
La Hora: ¿Cuál es el principal reto de los entes de fiscalización en América Latina?
R: El fenómeno de la corrupción en un ambiente de globalización. La corrupción, entendida como el conjunto de actos mediante los cuales los funcionarios públicos y sus asociados en el sector privado utilizan su poder institucional y económico para hacer un uso indebido de los recursos públicos en beneficio propio, trae nefastas consecuencias. Esta compleja realidad obliga a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) a aguzar su ingenio y a refinar sus metodologías para contribuir a erradicar este mal social.
A ello se agrega la conformación, en un mundo globalizado e interconectado, de redes trasnacionales mediante las cuales es posible, con los vericuetos de las operaciones financieras, ocultar los recursos mal habidos o lavar activos que han sido obtenidos de manera fraudulenta.
En OLACEFS hemos iniciado la tarea de compartir conocimientos y experiencias entre las Entidades de Fiscalización Superior y estimular convenios de cooperación que nos permitan una mayor capacidad investigativa con la misma finalidad.
La Hora: ¿Cómo es la corrupción en la actualidad?
R: La corrupción actual se expresa en nuevas formas delincuenciales tales como la captura del Estado, la connivencia entre empresarios, funcionarios y dirigentes políticos en una especie de complot contra los intereses de la sociedad, y prácticas de soborno orientadas a desviar la atención y las investigaciones en delitos como el tráfico ilegal de estupefacientes y precursores químicos, armas y uranio, mujeres, niños y órganos humanos; lavado de activos y blanqueo de dinero; delitos tecnológicos o «cibercrimen»: estafas a los sectores público y privado con transferencias electrónicas; piratería informática y delitos contra la propiedad intelectual e industrial; pornografía infantil y terrorismo cibernéticos; secuestro y extorsión internacional; mercenarios para la seguridad privada; delitos medioambientales, especialmente la biopiratería y el comercio de especies silvestres.
Todas estas prácticas antisociales son de una gran magnitud y un reconocido impacto económico. Por ejemplo, se dice que el tráfico de drogas ilegales llega a 322 mil millones de dólares; el contrabando de armas a 10 mil millones de dólares; la trata de personas, 32 mil millones de dólares, y el soborno (especialmente la corrupción política) alcanza más de mil millones de dólares al año.
La Hora: ¿Cómo se debe combatir la corrupción y los delitos trasnacionales?
R: He dicho que, dada su magnitud y virulencia, es claro que no es posible combatir estos llamados «nuevos jinetes del apocalipsis» sino mediante medidas de carácter global y no individual, como otro de los efectos de la globalización. Frente a esta dramática situación es necesario aunar esfuerzos de los diferentes países pues no es posible lograr el éxito sin la cooperación internacional.
Por eso he propuesto una red internacional de lucha contra la corrupción, iniciativa que ha recibido todo el respaldo de mis colegas de América Latina y el Caribe.
Además, debemos aprovechar y apoyar los esfuerzos que vienen haciendo los organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, para poner en práctica las medidas contempladas en la Convenciones contra la Delincuencia Transnacional Organizada y la relativa a la Corrupción, fundamentadas en la asistencia internacional para delatar y castigar a los grupos delictivos organizados y prevenir futuros delitos.
Colombia ha sido uno de los países del mundo que ha sufrido en su propio cuerpo la presencia del crimen transnacional organizado; pero existe una plena conciencia de estos fenómenos y se tiene la autoridad y la experticia para manejarlos, en contextos de violencia, narcotráfico, secuestro y lavado de activos propiciados por grupos al margen de la ley.
Con base en nuestra experiencia, especialmente en la Contraloría, estamos recomendando la conformación de Grupos de Reacción Inmediata, que realizan investigaciones sobre hechos de interés nacional que requieren actuaciones rápidas y oportunas por parte del ente de control, y la aplicación de una figura jurídica denominada función de advertencia, que permite alertar a los directivos de las entidades públicas sobre posibles riesgos de detrimento patrimonial
La Hora: ¿Y en el marco de la OLACEFS?
R: Dentro de la OLACEFS, Colombia, junto con los demás miembros de la Comisión Técnica Especial de í‰tica Pública, Probidad Administrativa y Transparencia – CEPAT, ha promovido actividades en materia de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra el fraude y la corrupción.
En mi condición de Presidente de la Organización, sugerí dos líneas de trabajo en materia de lucha contra la corrupción, que son el Plan de Lucha contra la Corrupción y la conformación de un Banco de Buenas Prácticas.
Además de estas sugerencias, estamos en el momento apropiado para crear una red transnacional en relación con el tema de la lucha contra la corrupción, que permitirá la consulta y el envío de información de interés a los diferentes miembros, para así trabajar unidos en temas que trascienden nuestras fronteras y afectan simultáneamente a nuestras naciones.
Tal el caso de empresas multinacionales que cometen fraudes y faltas a la moral y a la contratación y después se trasladan de sitio y van a cometer las mismas faltas e irregularidades en otros países sin que se tengan en cuenta el historial de su trayectoria y su participación.
La Hora: ¿Cuál es el papel del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios en Control Fiscal y Transparencia?
R: El Instituto de Altos Estudios del Control Fiscal y la Transparencia, ILACOFICT, con sede en Cartagena de Indias, será una entidad formadora de funcionarios para el control fiscal, certificadora de sus competencias y generadora de conocimiento y tecnologías para su ejercicio.
Está llamada a ser el brazo académico para enfrentar los nuevos desafíos de la época actual para las Entidades de Fiscalización Superior, como son: el delito transnacional, el control de los recursos públicos más allá de las fronteras del Estado Nación, el comercio electrónico, las nuevas formas de gobernar a través de los medios virtuales, y tendrá a su cargo la organización de la Red Internacional de Lucha contra la Corrupción Transnacional, de la Comisión de Participación Ciudadana y del Comité de Investigaciones Técnico Científicas de OLACEFS, entre otras actividades.
La Hora: ¿Qué otras iniciativas se han adoptado para fortalecer el control fiscal regional?
R: Gracias a la cooperación de las entidades fiscalizadoras miembros de la organización, se pudieron adelantar y concretar unas iniciativas que fortalecen la colaboración internacional, tales como la realización de una Auditoría en Cooperación a la Cuenca Amazónica, la creación de Observatorios Ambientales, en particular sobre los recursos hidrográficos, con iniciativas que incluyen la Cuenca del Amazonas y el Acuífero Guaraní, la creación de un Portal Interactivo y la revista trimestral de OLACEFS.
Debo también mencionar los convenios mediante los cuales relevantes organismos internacionales brindan apoyo financiero a las iniciativas surgidas en la OLACEFS, entre los que se destacan los suscritos con el Banco Mundial, el BID y la GTZ.
La Hora: Hablando del tema específico del control fiscal, nos surge esta pregunta: ¿El Contralor fiscaliza el gasto público, pero quién debe fiscalizar al Contralor?
R: Existen muchas modalidades de control al control según los países, pero en el caso colombiano tenemos varios controles. Los tres más directos son: el control fiscal, ejercido por la Auditoría General de la República; el control político por parte del Congreso de la República, al cual periódicamente se le debe presentar un informe de la gestión cumplida; y el control disciplinario ejercido por la Procuraduría General de la Nación.
La Hora: La falta de transparencia en el manejo de fondos públicos es una epidemia latinoamericana. ¿De qué forma se puede solucionar este problema histórico y regional?
R: Hemos dicho que, además de la transparencia, es necesario que se estudie más a fondo el fenómeno de la corrupción y sobre todo que se analicen cuidadosamente las diversas modalidades, especialmente las más novedosas como las englobadas en el concepto de captura del Estado.
Una función esencial pueden cumplir los mapas de riesgo y sobre todo la participación ciudadana. Soy un convencido de que los millones de ojos de los ciudadanos y la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la vigilancia del manejo de los recursos públicos, son herramientas de primer orden para combatir este flagelo de nuestros países.
La Hora: ¿Cómo puede una instancia, como la OLACEFS, mejorar el trabajo de las Contralorías en la región?
R: Bueno, ya le he mencionado algunas de las acciones que desde la OLACEFS estamos llevando a cabo, como la creación de una red internacional de lucha contra la corrupción, el Instituto de Altos estudios, las auditorías conjuntas, etc. Pero bien vale la pena agregar como un elemento clave la cooperación entre las EFS para lograr el mayor grado de desarrollo institucional y la modernización de sus operaciones. A la sofisticación de la delincuencia debemos responder con la sofisticación del control.