La resolución del Juez que otorgó una medida sustitutiva al mayor retirado Napoleón Rojas ha generado enorme frustración en la sociedad guatemalteca porque constituye una muestra de cuán mal está nuestro sistema de justicia. Por fortuna, eso también provocó una enorme presión social, al punto de que las autoridades judiciales se han visto obligadas a anunciar el traslado del juzgador.
Es importante que los guatemaltecos entendamos que la justicia no merece respeto a su «independencia» cuando evidentemente está prostituida y al servicio de poderes ocultos y del mejor postor. Y en ese contexto es fundamental que se mantenga la presión social como instrumento para forzar a la depuración de los elementos cínicamente comprometidos con el manoseo a favor de la impunidad. Es importante, además, que los fiscales e investigadores averigí¼en el origen del dinero que se destina a las fianzas. Un Mayor del Ejército en situación de retiro no tiene una pensión que le permita pagar más de medio millón de quetzales de fianza y por lo tanto conviene que se sepa cuáles son sus empresas, el origen de su capital, como parte de las investigaciones que deben llevarse a cabo en estos casos. Guatemala está en un verdadero parteaguas de su historia y lo que está en juego es si el país queda para siempre en manos del crimen organizado y de los grupos clandestinos que han sobornado a los políticos para afianzarse como poderes paralelos, o si logramos romper el cerco de la impunidad y planteamos la construcción de un nuevo orden social y político. En el fondo ese es el desafío de la CICIG y de los guatemaltecos que estamos obligados a entender la dimensión del daño causado. Por fortuna situaciones como este manoseo de la justicia ponen en evidencia lo grave de nuestra situación y cuán prostituido está el sistema. Porque nadie puede alegar ahora que no sabe lo que está pasando ni hacerse el indiferente ante la situación. Es un momento crucial en la historia del país que tenemos que asumir con entereza porque de lo contrario no hay futuro. Es una lucha decisiva la que se tiene que librar, porque el cinismo de los grupos del crimen organizado no tiene límite, como no lo tiene tampoco el de sus sirvientes en las instituciones públicas. Cinismo que permite el manoseo de procesos para la elección de magistrados, como se vio con la intromisión de la familia presidencial en componenda con quienes mueven estos hilos tenebrosos, y luego en la elección de fiscal. Frente a ese cinismo, la dignidad de un pueblo que ejerce presión social es indispensable y vital.