Centroamérica presenta uno de los índices de violencia contra la mujer más altos del mundo, en particular El Salvador, Guatemala y Honduras, debido sobre todo a la impunidad, denunció el jefe interino de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el jurista español Carlos Castresana.
«Los Estados están fracasando en su deber de garantizar los derechos de los ciudadanos, en particular de las mujeres, en prevenir la violencia extra e intrafamiliar, lo mismo que en investigar, acusar y castigar a los culpables» de los crímenes, afirmó Castresana, quien participó la noche del martes en un foro en San José.
La actividad, patrocinada por el Congreso, el Poder Judicial, universidades y organismos internacionales, sirvió de marco a la presentación en Costa Rica de una campaña del secretario general de las Naciones Unidas (ONU) para poner fin a la violencia contra las mujeres.
El jurista español, quien hace un mes renunció a la Cicig denunciando presiones en su contra de parte de sectores vinculados al crimen organizado, dijo que los índices de violencia contra las mujeres en Centroamérica es de los más altos del mundo, especialmente en el denominado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).
De los más de 700 casos que se registraron el año pasado, únicamente 56 desembocaron en una sentencia condenatoria, aproximadamente el 8%, acotó.
Con el fin de establecer un parámetro de comparación, Castresana aseguró que ese año hubo en Guatemala 10 veces más mujeres asesinadas que en España, pero tomando en cuenta que en España hay tres veces más población, «tenemos que en Guatemala hubo una incidencia de femicidios 30 veces mayor».
Las cifras también son muy altas en El Salvador, con 314 asesinatos, y en Honduras con 181.
El experto llamó la atención sobre las «dosis enormes de violencia que padecen las niñas y niños en la región, que son los más indefensos porque no tienen acceso a la justicia».
Y no tienen acceso a la justicia -acotó- porque quienes ejercen la patria potestad, padres o custodios, que deberían interponer las denuncias en su nombre, suelen ser los agresores.
Sólo la cuarta parte de las agresiones contra los menores de edad es denunciada y de esta proporción, el 88% queda impune, precisó.
Castresana defendió la idea de promover una convención penal internacional para armonizar la legislación sobre la materia y reducir de ese modo la impunidad que actualmente favorece la violencia contra las mujeres en muchos países del mundo.
Dicha convención, explicó, debería uniformar conceptos básicos como los de género y violencia; definir los tipos penales (homicidio, mutilación genital, agresión sexual, tráfico de mujeres, explotación sexual, entre otros).
También es necesario despenalizar conductas relativas al honor del cónyuge, como el adulterio, y limitar o eliminar definitivamente el perdón de la víctima como una salida judicial al proceso penal.
Otras propuestas se refieren a la necesidad de declarar los delitos de violencia contra la mujer de acción pública (los que el Estado debe perseguir de oficio) y conceder el derecho de acción penal a la víctima y a terceros «con interés legítimo» como las asociaciones civiles de defensa de la mujer, concluyó.