Luego de que el juez del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Mario Efraín Najarro, resolviera modificar el delito de peculado por el de encubrimiento al militar retirado Napoleón Rojas, señalado por el desfalco de 30 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa, analistas y grupos sociales dudan de su imparcialidad.
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Rojas, quien fue el jefe de seguridad del ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004), es acusado por la Fiscalía Especial de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de estar involucrado en traslado ilegal de Q30 millones en efectivo, de un total de Q120 millones, del Ministerio de la Defensa Nacional al Crédito Hipotecario Nacional en vehículos blindados.
Luego de los traslados del efectivo, el dinero habrá llegado a cuentas bancarias privadas, sin embargo, ni esto ni el hecho que haya estado más de un año prófugo de la justicia fueron motivos suficientes para que el juzgador lo mantuviera en prisión preventiva luego de que se le detuviera el miércoles pasado.
El acusado era prófugo desde el 25 de junio de 2009, cuando los tribunales emitieron una orden de captura en su contra por el desfalco, junto a las ?órdenes de aprehensión de Eduardo Arévalo Lacs y Jacobo Salán Sánchez.
Parte de las investigaciones develaron que, para evitar a la justicia, Rojas abandonaba a las 5:30 de la mañana diversos domicilios que ocupó mientras se le buscaba, para que de esta manera no fuera detenido.
El ex funcionario fue detenido esta semana en un barrio del municipio de San Juan Sacatepéquez, pero solamente estuvo en prisión durante algunas horas; primero, siendo militar fue enviado al cuartel Matamoros, luego se le trasladó al Preventivo de la zona 18 y ayer, fue beneficiado con una medida que le permitirá gozar del arresto domiciliario.
Rojas recibió el beneficio de libertad condicional luego de permanecer por lo menos 24 horas en prisión preventiva, esto porque en la audiencia de primera declaración el juez consideró, que a pesar de no haber permanecido un año prófugo, no habían indicios de fuga y porque, además, dentro del proceso no habían otras medidas. El juzgador, sin entrar a conocer si era funcionario o empleado público, le modificó el delito a encubrimiento.
La acusación de la Fiscalía Especial de CICIG lo sindica por el desfalco de Q30 millones y el juez le impuso una fianza de Q600 mil, con la que Rojas evitaría la prisión, sólo con la obligación de firmar un libro de asistencia y cumplir con una orden de arraigo.
El juez Mario Efraín Najarro indagó a Rojas pero, según se informó, obvio entrar a conocer el contrato que el militar tenía con el Estado, por medio del cual se le había dado la calidad de asesor del presidente Portillo en materia de seguridad.
Por esa razón, no lo procesó por el delito de peculado, sino por encubrimiento, ya que el primero sólo alcanza a funcionarios públicos y según el juzgado, la Fiscalía no pudo aportar elementos necesarios para relacionarlo con esos cargos.
Por este delito también están involucrados el propio Portillo y sus ex ministros de Defensa y Finanzas, Eduardo Arévalo y Manuel Maza, respectivamente. Otro implicado en el millonario desfalco es Jacobo Salán.
DESACIERTO
Este tipo de resoluciones, según criticaron analistas en temas de seguridad, no hablan bien del juez, porque señalan que no tomó en cuenta el año que estuvo prófugo y porque nunca conoció si Rojas fue funcionario o empleado público.
Javier Monterroso, del Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales, señala que resoluciones como ésta demuestran que el sistema de justicia sigue funcionando mal y es evidente que hay otro tipo de intereses detrás de algunas resoluciones y fallos.
«Jurídicamente es imposible otorgarle medida sustitutiva, cuando una persona ha estado prófuga tanto tiempo», aclara Monterroso, quien a la vez señala que es necesario que la Supervisión de Tribunales evalúe las resoluciones que el actual Juez Quinto de lo Penal ha dictado.
El analista del Centro de Investigaciones Jurídicas compara la situación con una famosa canción de Francisco Gabilondo Soler, conocido como Cri Cri, que cantaba «había un chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito».
La comparación resulta porque cuando es un político el procesado judicialmente, el poder de la justicia se hace chiquito y cuando se trata de alguien pobre o desconocido, «la justicia se hace grande y todo el peso de la Ley cae sobre el acusado», lamenta de forma sarcástica Monterroso.
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) también criticó la decisión del juez. «Es un mal precedente porque entonces una persona que desfalca, por una cantidad mínima puede obtener su libertad», dijo Nery Rodenas, responsable de esa instancia.
Rodenas explicó que esta resolución pone en riesgo el proceso en sí, y resaltó que es lamentable que suceda este tipo de situaciones, porque en el caso de Rojas, era evidente el peligro de fuga y la caución económica debió ser determinada de acuerdo a la cantidad que habría sido desviada.
OTRAS RESOLUCIONES
Otras resoluciones del juez Najarro también han sido puestas en tela de duda. El 10 de junio de este año, la Fiscalía contra la Corrupción presentó una recusación en su contra por considerar que éste no actuó con imparcialidad cuando resolvió retirarle el delito de lavado de dinero al diputado Rubén Darío Morales, un presunto implicado en el caso MDF.
En esa oportunidad, el juzgador suprimió el delito de lavado de dinero al legislador, en el caso que se investiga por la inversión de fondos del Congreso en la casa de bolsa Mercado De Futuros (MDF), por lo que el funcionario sólo será investigado por el delito de concusión, lo que reduciría la pena del funcionario si se le encontrase culpable.
También se duda de su imparcialidad en la decisión tomada en el desfalco millonario, pero en el proceso que lleva el ex presidente Portillo. El 9 de junio se tenía prevista la apertura de juicio, pero Najarro resolvió que no se podía celebrar la audiencia; los fiscales de la CICIG plantearon una reposición que buscaba que la misma no fuera suspendida, pero el juez denegó tal petición. El 25 de junio volvió a suspender la apertura a juicio.
El juez incluso, tramitó una inconstitucionalidad que dejaba fuera a la CICIG, en su calidad de querellante adhesivo en ese proceso.
FUNDAMENTO
Se intentó contactar a Najarro, para obtener su reacción sobre las dudas que surgen de sus resoluciones, pero no contestó las llamadas a su teléfono.
A la Prensa, el juzgador dijo que había actuado apegado al derecho, aplicando el principio de igualdad en la resolución de Rojas, pues el mismo beneficio había otorgado a Portillo y a Lacs.