El gobierno de El Salvador busca legislar para combatir a las pandillas ante el creciente reclamo popular por mano dura y propuestas que incluyen hasta la reclusión de pandilleros en una isla.
El ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, presentó ayer un proyecto denominado «Ley de Proscripción de Pandillas y Grupos de Exterminio», que pretende ilegalizar a las pandillas y penalizar la pertenencia a las mismas con penas de hasta cinco años de cárcel.
«Serán consideradas ilícitas las agrupaciones temporales o permanentes, cuyo objetivo o uno de ellos sea la comisión de delitos, así como aquellas que realicen actos o utilicen medios violentos para el ingreso de sus miembros, permanencia o salida», señala parte del proyecto de ley que en los próximos días será presentada en el Congreso.
«Estamos estableciendo medidas concretas para atacar a las pandillas, sus estructuras, su accionar, y esperamos que en la Asamblea Legislativa nos acompañe aprobando la ley», dijo a la AFP el ministro de Justicia y Seguridad.
El proyecto de ley aún debe de ser revisado por el presidente salvadoreño Mauricio Funes antes de elevarlo a los legisladores para su discusión.
Mientras el gobierno salvadoreño trabaja a toda marcha para llevar el proyecto de ley al Congreso, los partidos políticos también han trabajado sus propias propuestas.
La derechista y ex gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) propone aumentar el número de policías y que se construya una penitenciaría en la Isla Martín Pérez, en el Golfo de Fonseca (océano Pacífico), para mantener «aislados» a los pandilleros «que no quieran rehabilitarse y sean considerados de alta peligrosidad», explicó el ex director de la policía Mauricio Sandoval.
ARENA también ha propuesto que la Fuerza Armada cree un comando militar antipandillas como una unidad de represión, que trabajaría de la mano con la policía.
Otros partidos como el derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN) prefiere esperar a que el gobierno presente el proyecto de ley contra las pandillas para que, a partir de ahí, se le hagan «los cambios» que puedan ser necesarios para «hacerla una ley efectiva contra las pandillas», señaló el diputado de ese partido, Antonio Almendariz.
Según las autoridades de seguridad, en El Salvador operan unos 12.000 pandilleros, aunque en realidad puede rondar los 20.000, agrupados principalmente en las pandillas Mara 18 y su acérrima rival la Mara Salvatrucha o MS-13.
Una encuesta conocida este jueves señaló que la mayoría de los salvadoreños pide que se castigue con dureza a los pandilleros y a los delincuentes, incluso con la pena de muerte (22,9%) como medida para frenar la ola de violencia que abate a El Salvador en donde se registra un promedio de 13 muertos a diario.
Los empresarios de El Salvador pidieron al presidente Mauricio Funes que encabece una «cruzada nacional» contra la delincuencia, para evitar que el crimen organizado, en particular las pandillas, pongan «en jaque» a los salvadoreños.
«Los últimos hechos delincuenciales que han sido gravísimos, el incremento de homicidios, los robos, todo eso nos hace pedir nuevamente al presidente Mauricio Funes que encabece una verdadera cruzada nacional contra la delincuencia», dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Daboub, a la prensa.
Por hechos recientes como la quema de un microbús y el ametrallamiento de otro por parte de pandilleros en los que fallecieron 19 personas, el gobierno debe impulsar «todas las acciones necesarias» que le permita la Constitución para proteger a la ciudadanía, afirmó.
«Debe haber un liderazgo político fuerte. Sin ello ninguna estrategia de seguridad puede llegar a tener éxito, es necesaria una gran campaña antidelincuencial que involucre a todos los sectores, no se puede permitir a los delincuentes que pongan en jaque al gobierno y a la sociedad», remarcó.
Tras los ataques a los microbuses, el gobierno adelantó sus planes para desplazar a 1.500 soldados al interior de centros penitenciarios para evitar que pandilleros presos y el crimen organizado organicen delitos desde allí.
Desde el lunes anterior, otros 1.000 soldados fueron enviados a varios puntos fronterizos para frenar el ingreso de armas, drogas e indocumentados.
«Lo que estamos viviendo en el país es algo dramático, la población se siente indefensa ante las pandillas y ante toda la delincuencia, eso demanda que haya medidas urgentes para frenar ya la violencia», consideró Raúl Melara, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada.
El gobierno de Funes diseña una nueva ley para combatir a las pandillas cuyo contenido discute con los demás partidos para garantizar su apoyo cuando llegue al Congreso.
«Si el trabajo de lucha contra la delincuencia se hace en forma coordinada y consultada, entonces nosotros tenemos la voluntad de ayudar a que se encuentren los mejores mecanismos de combate a ese problema», aseguró el ex director de la Policía, Mauricio Sandoval, asesor en seguridad del principal partido opositor.
El Salvador enfrenta una cruenta ola delincuencial que deja una media de 13 asesinatos diarios, además de numerosos asaltos a mano armada en plena vía pública o en unidades de transporte colectivo.