Italia, apoyada por diez países más, solicitó ayer a la Corte europea de derechos humanos que modifique su decisión de prohibir los crucifijos en las escuelas públicas, la cual podría adquirir valor de jurisprudencia en toda Europa.
El controvertido tema dio lugar a enconados debates en la Corte de Estrasburgo (este de Francia), que dará a conocer su decisión definitiva dentro de unos meses. Italia tendrá la obligación de aplicar esta decisión, la cual también podría tener valor en los 47 países miembros del Consejo de Europa.
«El crucifijo es un símbolo pasivo que no tiene relación con la enseñanza que es laica», explicó ante la Corte Nicola Lettieri, representante del gobierno italiano, durante la audiencia, en una sala llena de gente.
«Â¿Dónde está el atentado a los derechos? Nadie aparta a los niños de las convicciones de sus padres», agregó. «Si se considera que el crucifijo expresa una tradición cristiana, no se puede acusar a Italia de proselitismo», concluyó.
Por su parte, el abogado de Solie Lautsi, la madre italiana que presentó una demanda ante la Corte para obtener la prohibición de los crucifijos en las escuelas públicas, subrayó que su cliente «nunca dijo nada contra la religión católica».
«Quiere educar a sus hijos en función del principio de laicidad», agregó el abogado Nicola Paoletti.
«En las escuelas públicas, los niños piensan que el Estado se identifica con esta religión y, cuando no son católicos, pueden sentirse minoritarios y sufrir por ello», añadió.
En noviembre pasado, la Corte consideró la presencia de crucifijos contraria al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y al derecho de los niños a la libertad religiosa.
Según un sondeo realizado cinco días después de esta decisión, alrededor de 84% de los italianos eran favorables a que hubiera crucifijos en las escuelas.
La Corte tuvo que volver a debatir el tema este miércoles tras la apelación del Estado italiano.
En Italia, el catolicismo dejó de ser religión de Estado en 1984, pero una ordenanza vigente desde la época del fascismo, que obliga a tener crucifijos en las escuelas, nunca fue derogada.
El defensor de ocho países que intervienen como terceras partes, Joseph Weiler, se dijo este miércoles contrario a «una norteamericanización de Europa».
«Los países tienen derecho a definirse en función de un patrimonio religioso», agregó Weiler, quien también recordó que las cruces figuran en banderas o monedas.
Según él, Lautsi «quiere imponer el abandono del crucifijo», pero «no hay deber de laicidad alguno que haya que imponer en Europa».
Los ocho países representados por Weiler son Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania, Malta, Rusia y San Marino. Mónaco y Rumania también intervienen como terceras partes, apoyando el punto de vista italiano.