En Guatemala el ejercicio del poder ha significado la oportunidad para amasar inmensas fortunas mediante acciones de enriquecimiento ilí­cito que, no por casualidad, no están siquiera tipificadas como delito en la legislación nacional. De manera deliberada el Congreso de la República atendió la solicitud del Ejecutivo para dejar sin efecto la legislación que sancionaba el enriquecimiento ilí­cito en el ejercicio del poder, tema que sin duda tendrá que ser impulsado por la nueva jefatura de la CICIG porque es inaudito que en un paí­s como el nuestro, con tan débiles controles, no exista siquiera la posibilidad de castigar la corrupción en gran escala. Ciertamente la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala tiene limitado su mandato y no puede incursionar en cualquier tipo de delitos porque está constreñida a actuar cuando existen grupos clandestinos o poderes paralelos de los que se definen en sus instrumentos de creación. Pero para saquear al paí­s en la dimensión en que ocurre cada cuatro años, es obvio que los corruptos diseñan y conforman grupos paralelos y clandestinos que les ayudan a perpetrar las acciones delictivas que convierten en millonarios no sólo a los gobernantes sino a quienes les rodean y facilitan el latrocinio. El marco de la impunidad que fue montado durante el conflicto armado interno para proteger a los que libraron la guerra en defensa de las instituciones constitucionales ha servido, además, para encubrir toda una serie de manejos ilegales que tienen la exclusiva finalidad de enriquecer a quienes montando organizaciones criminales se dedican a saquear al Estado, al contrabando, al secuestro, el robo de vehí­culos, el narcotráfico, el sicariato y toda una gama de expresiones de delincuencia que florecen en el marco de la absoluta seguridad de que vivimos en un paraí­so en el que quien la hace, jamás la paga. Castresana y la CICIG empezaron no sólo a crear una nueva estructura conformada por jueces, fiscales, policí­as y activistas sociales comprometidos en la lucha contra la impunidad, sino que elevaron el perfil del problema de tal manera que actualmente todos los guatemaltecos sabemos el altí­simo costo que significa el control de nuestras instituciones por el crimen organizado en sus distintas manifestaciones. Ahora, con el relevo, tenemos que entender que la salida de Castresana es consecuencia de la falta de compromiso de los poderes públicos que están, obviamente, comprometidos con los poderes ocultos. No hay otra forma de explicar cómo es que se dieron los acontecimientos que culminaron con la designación del Fiscal Reyes, ni de entender por qué tanta reticencia para aprobar los instrumentos legales y las acciones administrativas que ha requerido insistentemente la CICIG. Y tal es el contexto en que viene a trabajar el ya célebre cazapresidentes de Costa Rica, quien no se ha arrugado a la hora de procesar a quienes hicieron del ejercicio del poder un antro de corrupción. Su tarea es enorme, pero encontrará ya terreno fértil porque el trabajo de su predecesor sentó bases, creó las condiciones, para que Guatemala pueda empezar a ver con algún optimismo el enorme reto de luchar contra la impunidad que ha sido el flagelo más terrible que nos ha tocado vivir por las implicaciones que tiene en la pobreza alentada por la corrupción y la inseguridad promovida por la falta de justicia.