Pese a las críticas y las propuestas de organizaciones de la sociedad civil para implementar mejoras en el Programa de Protección a testigos del Ministerio Público (MP), este sigue siendo débil y poco efectivo para la protección de los informantes.
gortiz@lahora.com.gt
El 16 de junio último una mujer lloraba en las afueras de una de las salas de audiencias del Organismo Judicial. Minutos más tarde, el Tribunal a cargo del juicio contra tres integrantes de una banda denominada «El Gallo» la llamaría a comparecer. La testigo se acomodó la peluca y los lentes que llevaba «para no ser reconocida» y entre sollozos ingresó a la sala de justicia.
Días antes que se presentara ante el tribunal, la mujer, de unos 48 años, fue amenazada de muerte; la testigo dijo que los familiares de los sindicados le advirtieron que si declaraba en contra de ellos asesinarían a su familia.
La testigo se mostró temerosa pero no titubeó en señalar a los sindicados, acusados de pertenecer a una banda que ha asesinado a diez de sus familiares.
Pero el caso no queda ahí: la declarante dio su testimonio en el juicio iniciado contra los sindicados de la muerte de su hermana, quien a su vez siendo testigo protegida, fue asesinada ya que se tenía previsto que testificaría en 2009 por el crimen contra su esposo.
PUNTOS DE VISTA
A criterio de Iduvina Hernández, analista de Seguridad en Democracia (Sedem), el Programa de Protección a Testigos del MP continúa siendo deficiente debido a la falta de voluntad política que ha existido para la implementación de métodos efectivos.
«Es fundamental que el Estado entienda que aquellas personas que se atreven a acogerse a ese programa son valiosas para desmantelar las estructuras criminales, pero para ello hay que garantizar su vida y su seguridad y no seguir en lo mismo que ha estado este programa», indicó.
Las debilidades se ven a lo interno de la institución, ya que según Hernández en el MP se han tomado decisiones «discrecionales» que no apuntan a fortalecer estructuras como esta, además considera que no existe una posición de Estado para otorgar soportes logísticos que aseguren el funcionamiento de esta instancia.
La analista enfatiza que la falta de recursos es una de las más grandes debilidades de ese programa y cree que ese es un tema que debe discutirse desde el Organismo Ejecutivo y el Legislativo.
Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, sostiene que el programa ha demostrado las mismas deficiencias desde que lo constituyeron, por lo que considera fundamental una redefinición del mismo para procurar su eficiencia.
«Por un lado lo fundamental es que quien lo dirija tenga los conocimientos y la sensibilización necesarias para establecer las metas del programa, pero además es urgente que se aporten los fondos necesarios para que funcione correctamente, si no será por gusto todo esfuerzo que se haga», comentó la analista.
A decir de Cruz, las debilidades que han cobrado la vida de varias personas que han confiado en el MP, van desde la falta de recursos para pagar el alquiler de casas que llenen los requisitos de seguridad necesarios para ese fin, además, la atención sicológica a los testigos es nula, señala.
«Para garantizar la vida de las y los testigos hay que hacerles muchas veces transformaciones profundas, no basta con colocarles una peluca y unos lentes y que vayan a declarar; eso tiene mucho que ver con la reinserción posterior para que estas personas no sean identificadas o ubicadas», señala Cruz.
La analista dijo finalmente que las mujeres son más vulnerables debido a que el programa les garantiza, débilmente, el resguardo pero no el de su familia y eso hace que ellas tengan que salir a buscar una forma de subsistencia para sus hijos, señala.
PROPUESTAS
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) advirtió por medio de un informe que el programa en referencia debe ser sometido a una reforma legal por medio de la cual se creen manuales de procedimientos ya que actualmente no se apegan a protocolos.
En noviembre de 2008, la CICIG, el MP y el Ministerio de Gobernación suscribieron un acuerdo interinstitucional en el que se establecía la responsabilidad de revisar el programa, no obstante, al hacer la evaluación se detectaron problemas en procedimientos del programa, casos de corrupción, y falta de manejo de protocolos para los testigos.
La CICIG ha tenido que gestionar recursos propios para la protección de testigos de casos de alto riesgo; además, ha insistido en aplicar correctamente los procedimientos para garantizar la vida de quienes se acojan a ese programa.
Josué Rivas, quien presidió el Programa de Protección a testigos durante la gestión de Amílcar Velásquez Zárate, presentó su renuncia de esa instancia desde diciembre de 2009, sin embargo, las autoridades interinas del MP no han informado sobre quién es la persona que lo sustituye, pues se intentó a través de la oficina de comunicación de esa instancia obtener esa información, pero indicaron que no estaban autorizados para otorgarla.