Cuando se cumple un año, este lunes, del golpe de Estado que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya, las nuevas autoridades no han logrado cerrar las heridas polí­ticas ni convencer a buena parte de la comunidad internacional para reintegrar a Honduras a las instituciones de las que quedó apartada.

Desde que asumió la presidencia el 27 de enero, Porfirio Lobo se ha esforzado en cumplir las exigencias de la comunidad internacional, como la conformación de un gobierno de unidad y la creación de una Comisión de la Verdad que dilucide lo que pasó antes, durante y después del golpe.

Sin embargo, Honduras sigue apartada de las instituciones regionales, sobre todo por el rechazo de los paí­ses seguidores del socialismo del siglo XXI que propugna el venezolano Hugo Chávez, y por la falta de garantí­as para el regreso de Zelaya a Tegucigalpa desde su exilio en República Dominicana.

Este último punto parece casi imposible de cumplir mientras los numerosos partidarios del golpe, que siguen instalados, en su mayorí­a, en las principales instituciones y partidos polí­ticos del paí­s continúen ahí­.

A principios de junio, el presidente sonó la alarma al denunciar que habí­a un supuesto interés en derrocarlo, incluso desde su propia formación, el Partido Nacional (PN, derecha).

«No hay riesgo de otro golpe de Estado, la comunidad internacional nunca lo permitirí­a», dijo a la AFP el escritor y director de la Biblioteca Nacional en Tegucigalpa, Eduardo Bahr, para quien el mayor reto del presidente es que «los amiguetes polí­ticos del lado recalcitrantemente conservador se echen a un lado».

«Honduras trata de salir del agujero, no de cavarlo más hondo», adujo por su parte Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, en Washington.

Y es que el «enorme costo» que ha pagado Honduras por el golpe ordenado por la Justicia, convalidado por el Congreso y ejecutado por el Ejército que expulsó hace un año a Zelaya a Costa Rica, hace poco probable que otro golpe de Estado encuentre apoyos, dijo Shifter a la AFP.

Pero mientras Lobo da lentos pasos hacia la normalización, en la calle se perciben «niveles insospechados de intolerancia y crispación», advirtió un diplomático europeo en Tegucigalpa.

Al descalabro económico, agravado sin duda por la disminución de ayudas y el cierre de los créditos internacionales, la crisis económica internacional, y las constantes violaciones a los derechos humanos que instituyó el gobierno de facto de Roberto Micheletti, se suman a la trepidante inseguridad, la violencia, la corrupción y la penetración del narcotráfico en el paí­s.

«La población se ve cada vez más en un estado de indefensión», dijo Bahr, quien considera que el regreso de Honduras a las instituciones internacionales puede ayudar a «calmar a las clases bajas», que presionan cada vez más por un cambio del sistema que pasa por la convocatoria de una Asamblea Constituyente, precisamente lo que le valió el golpe a Zelaya.

La situación que ha heredado Lobo tras el golpe de Estado «rebasa con mucho las posibilidades de un polí­tico, de un partido y de un gobierno abrumados además por problemas antiguos que se han concentrado y han estallado de repente», aseguró el diplomático.

Por ello, cada vez son más las voces que reclaman una reforma «a fondo» del sistema polí­tico hondureño, que deje atrás el partidismo y la corrupción y avance hacia una democracia social, polí­tica y económica que se ocupe en profundidad de los problemas nacionales, con la pobreza y las escandalosas desigualdades a la cabeza.