Aunque la renuncia de Carlos Castresana como titular de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) generó un gran impacto en el paí­s, las propuestas hechas durante su gestión siguen vigentes y los organismos de Estado tienen que cumplirlas.

Una de las razones que el Comisionado contra la Impunidad dio mientras anunciaba su renuncia del cargo fue, que las autoridades guatemaltecas habí­an incumplido con algunos acuerdos suscritos en el sector justicia en el acuerdo bilateral para la creación de la CICIG.

De esa cuenta, el comisionado enfatizó que la impunidad en el paí­s prevalece en un 98 por ciento e incluso aseveró que no quedaba nada que hacer por Guatemala. Pero, ¿cuál es la lectura que deberá hacerse después de sus afirmaciones?, ¿generará la renuncia de Castresana los cambios que la CICIG ha impulsado para el paí­s?

Carlos Aguilar, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, dijo estar «muy sorprendido» con la renuncia de Castresana, pues considera que la labor de la Comisión que preside el jurista español juega un papel «loable» en el paí­s.

«Su incidencia fue importantí­sima ya que, a raí­z de las propuestas de ley que hizo se han aprobado en el Congreso importantes leyes. Considero que entre las más importantes están las escuchas telefónicas, porque nos damos cuenta que a través de ellas se han podido descubrir y desbaratar bandas organizadas del crimen», comentó.

Sin embargo, el representante de los jueces y magistrados consideró importante que quien sustituya a Castresana «continúe en el mismo sentir y con el mismo papel que hasta ahora ha hecho la CICIG», esperó.

Aguilar se refirió a varios temas que consideró fundamentales, que el sustituto de Castresana retome, entre ellos la seguridad que la CICIG coordinó para jueces y magistrados, el seguro de vida para los operadores de justicia y la depuración del Organismo Judicial, entre otros.

PRESIí“N

Sandino Asturias, analista del Centro de Estudios de Guatemala, considera que la presión hacia la aprobación de las propuestas de la CICIG es una de las razones de la renuncia de Castresana como titular de esa instancia.

«Creo que debemos leer su renuncia como una protesta ante el Estado guatemalteco, sobre el incumplimiento de las responsabilidades que se tienen frente al mandato de la CICIG; además, es un llamado a la conciencia ciudadana, de que si no nos apropiamos del proceso del combate a la impunidad, no habrá ninguna Comisión ni ninguna institución que lo pueda hacer», consideró Asturias.

Además, el analista recordó que la protesta de Castresana es para los tres poderes del Estado que no han apoyado y considerado sus recomendaciones, y que ante ello, el Estado debe orillarse hacia la evaluación y aprobación de las propuestas que hizo.

«Hasta antes de su renuncia lo que habí­a en el paí­s era un reposicionamiento de los grupos paralelos y las estructuras de impunidad y es a raí­z de ella (renuncia de Castresana) que se ha logrado revertir por ejemplo el cuestionadí­simo proceso de elección de Fiscal General», ejemplificó Asturias y añadió que tanto el Congreso como el gobierno no estuvieron «a la altura» de las circunstancias.

El entrevistado consideró finalmente que la renuncia del Comisionado generó la necesidad de hacer un esfuerzo institucional en el paí­s para la lucha contra la impunidad, además consideró que la CICIG tiene un mandato especí­fico detallado en el convenio y que habrá una clara continuidad entre lo que Castresana ha hecho porque se trata de la agenda de la instancia internacional.

PENDIENTE

En más de una ocasión, Castresana enumeró una serie de iniciativas que la CICIG propuso al Estado de Guatemala para su aprobación, aunque finalmente no fueron aprobadas; entre ellas hay reformas legales y la creación de una «verdadera» cárcel de máxima seguridad, la cual debe funcionar a más tardar en septiembre de 2011 -ya que considera que la de Fraijanes II no llena los requisitos necesarios-.

Entre las reformas legales más importantes de la CICIG, que no fueron atendidas, se encuentran la de una Ley Anticorrupción, cuyo fenómeno junto a la impunidad «son temas estructurales» en el paí­s, según cita en el segundo informe ejecutivo de iniciativas de Ley de esa Comisión.

La CICIG propone en esa iniciativa la clarificación de las conductas, agravación de las penas en los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos y la aplicación extendida de la pena accesoria de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Además, impulsa un articulado para una serie de delitos, tales como el enriquecimiento ilí­cito, tráfico de influencias, fraude al Estado y obstrucción a la acción penal; también se adicionarí­a una tipificación al incumplimiento al deber de informar la situación patrimonial, por parte de funcionarios públicos y modificaciones en los delitos de cohecho activo y pasivo.

En materia disciplinaria en la justicia penal, la CICIG propone reformar leyes relacionadas con la Policí­a Nacional Civil, el Ministerio Público y el Organismo Judicial, debido a que «la actual impunidad en materia criminal se retroalimenta con la debilidad de la justicia penal, la que en buena medida se debe a las actuales distorsiones de su sistema disciplinario, en el que las conductas de funcionarios que contribuyen a la impunidad», detalla.

Sin embargo, las reformas legales no fueron el único tropiezo que encontró Castresana, pues en materia presupuestaria tampoco le dieron apoyo. Durante su dimisión el comisionado comentó que el personal de la Fiscalí­a especial de la CICIG no era suficiente y que 150 personas no eran suficientes para llevar todos los casos.

CAPACIDAD

Javier Monterroso, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, en recientes declaraciones, indicó que es importante que los guatemaltecos y las instituciones comprometidas en la cruzada de Castresana, en la lucha contra la impunidad, asuman también su responsabilidad en las reformas que buscan fortalecer el sector justicia.

«Es un hecho la renuncia de Castresana, pero la CICIG sigue en pie y los guatemaltecos debemos adoptar las capacidades e implementar las iniciativas de la Comisión; estamos hablando del fortalecimiento institucional, así­ que no podemos dar marcha atrás porque la instancia internacional sigue en pie», señala el jurista.

Según Castresana, es muy importante la transferencia de capacidades y responsabilidades de la CICIG al Ministerio Público, que deberá estar capacitada para recibir y dar seguimiento a los procesos, casos y testigos que hasta ahora están vinculados a la Fiscalí­a Especial de la CICIG.

«Es un proceso de aprendizaje, pero todo depende de la voluntad de los guatemaltecos para encontrar algún dí­a la combinación que nos permita gozar de un sistema de justicia transparente y ágil», puntualizó Monterroso.