Lo que hasta hace menos de dos semanas atrás pudo expresarse con algún sentimiento de satisfacción colectivo, hoy devela un caos jurídico y agudización de confrontaciones. Han surgido peticiones de las más absurdas, así como sórdidas actitudes de quienes se han constituido a sí mismos en los referentes en procura de justicia y del cese de la impunidad. El tema apunta a un incremento de las confrontaciones y a un mayor debilitamiento de la frágil institucionalidad de nuestro Estado. El héroe de ayer puede llegar a constituirse en el villano de mañana. En tanto, caos y confrontación amenazan con volverse nuestros acompañantes. ¿Podremos salir de estos pantanos?
wdelcid@intelnet.net.gt
La resolución de la Corte de Constitucionalidad, CC, del pasado 10 de junio, provocó en efecto un generalizado sentimiento de alivio. No obstante al adentrarse en el campo de lo ético y la moralidad se apartó de la normativa y de su función esencial cual es la defensa del orden constitucional. No es la primera vez que la inapelable corte extralimita sus funciones. No es la primera vez que este conjunto de magistrados se erigen a sí mismos con facultades supremas, superiores inclusive que la propia Constitución Política. Pero como en esta ocasión el fallo satisfizo a quienes controlan y manipulan la denominada opinión pública, el aplauso ha sido su recompensa inicial. Ya veremos más adelante.
Entre la búsqueda por «honrar» el fallo y lo ahí resuelto, se han aprestado a manifestar la nulidad de las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios. Si tal petición se concreta mediante memorial específico, veremos cómo se deambula entre amparos por unos y otros. Del caos pasaremos a un vacío de representación provocado precisamente para evitar que la impunidad se enseñoree aún más. En consecuencia, si la búsqueda de la aplicación de la justicia, así como la posibilidad de contrarrestar la impunidad es lo que se deseaba, los resultados apuntan totalmente en sentido contrario. Ello terminará de fulminar esa frágil institucionalidad que nos es característica. En consecuencia también la finalidad propia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, no sólo habrá fracasado, sino que habría provocado más bien una atmósfera para consolidar la presencia de los aparatos clandestinos con todas sus redes de infiltración.
El Acuerdo Nacional de Justicia y Seguridad, parcialmente celebrado y pomposamente suscrito en abril de 2009, con las recientes confrontaciones de dos de los tres presidentes de los organismos del Estado, apunta a una nueva atmósfera de fracaso. Y no olvidemos que tales confrontaciones se derivan de la tan llevada y traída resolución de la CC. Y la derrota de tales acuerdos sólo puede traducirse en un mayor deterioro de las condiciones de seguridad y garantías que debe ofrecer el aparato gubernamental a la ciudadanía honrada, hoy altamente desprotegida. No hay motivos para celebrar absolutamente nada. El desempeño de la CICIG y de quien aún la dirige debe pasar por una evaluación mucho más allá de lo mediático y de las acciones de alto impacto, pues si de vencer la impunidad en el país se trata, el saldo pendiente aún es muy elevado.
La respuesta a mi pregunta sobre si podremos apartarnos de este nefasto destino y así salir del atolladero, la tenemos todos y la tenemos que encarar mediante el planteamiento sereno y apegado a nuestro régimen de legalidad (normas en estricto sentido). Hoy más que nunca se impone la necesidad de la Unidad Nacional. No nos perdamos en jerigonzas antidemocráticas y ajenas a nuestro Estado de Derecho. Nosotros seguiremos aquí, nuestro problema está aquí. La solución también tiene que estar aquí. No puede ser de otra manera.