Enorme cantidad de páginas y espacios se han cubierto en la prensa escrita, radio y televisión con noticias, posturas, comentarios y opiniones sobre las acusaciones o señalamientos que hiciera el doctor Carlos Castresana, en la última conferencia de prensa que diera en Guatemala el ex Comisionado de la CICIG y del supuesto plan para desprestigiarlo, como a esa entidad; sin embargo, poco se ha dicho del porqué los hermanos José y Francisco Valdés Paiz no se han sujetado a los tribunales ante la acusación que se les hizo de ser los responsables del crimen del Lic. Rodrigo Rosenberg, a pesar que su troncal argumento sigue siendo la falta de confianza que les inspira actualmente la justicia por no actuar con estricto apego al derecho. A propósito, ¿no es sabido por todos la gran cantidad de probos y honestos abogados litigantes que han abandonado esta práctica por la misma razón, la que viene de mucho tiempo atrás?
Ante la ligereza de apreciaciones que se dan hoy día, debo aclarar que a los citados encartados solo los conozco por referencia, como que el teclado de la computadora con la cual estoy escribiendo el presente comentario (antes decíamos pluma) no está a la disposición del mejor postor y que, como uno más de tantos observadores imparciales que todavía hay en el país, preferimos no dejarnos llevar de la primera impresión. Volviendo al tema de fondo me pregunto: ¿qué dirá el doctor Castresana, fiel luchador para que la impunidad se acabara en Guatemala, cuando se haya enterado que la semana pasada el fiscal a cargo de delitos administrativos, siguiendo los lineamientos impartidos por sus superiores, requirió del Juez Undécimo del Ramo Penal el desistimiento de la querella presentada contra la señora Sandra Torres de Colom, porque a su muy especial criterio ella no es, ni ha sido funcionaria ni administradora de fondos públicos, por lo que no tenía obligación de atender las reiterativas invitaciones que le hiciera el Congreso de la República para rendir cuentas sobre el Consejo de Cohesión Social.
¿Será esto cierto?, ¿acaso no se publicó oportunamente en el Diario Oficial su nombramiento?, ¿qué chapín desconoce su dirección ejecutiva, coordinación y tantos discursos pronunciados aprovechándose de su condición? De aquí parte el señalamiento de que triste y lamentablemente la falta de coherencia resalta más en los personajes públicos, de donde también nace la mala fama con que cuentan por lo que, como que aunque venga al país el mejor de los fiscales del mundo a querer combatir la impunidad, mientras el mismo Presidente y sus familiares, incoherentemente con lo que propugnan, sigan sin respetar la ley, como el debido proceso, ¿quién va a confiar en la justicia y no temblaría antes de entregarse a los tribunales, sabiendo de antemano que la culpabilidad ya está sentenciada sin haber sido oído y vencido en juicio?