El cardenal italiano y arzobispo de Nápoles, Crescenzio Sepe, investigado por la justicia italiana por corrupción, negó hoy ante la prensa las graves acusaciones de estar involucrado en contratos millonarios.
«He actuado siempre con gran transparencia», aseguró el cardenal, indagado desde el sábado oficialmente por la fiscalía de Perugia (Umbría, centro), que investiga una gigantesca red de favores y prebendas millonarias a cambio de contratos para obras públicas.
El cardenal Sepe está siendo indagado por la gestión del ingente patrimonio inmobiliario de la Santa Sede, con un presupuesto autónomo de cerca 9 mil millones de euros (unos 11 mil millones de dólares).
El purpurado italiano ocupó de 2001 a 2006 el cargo de prefecto de la poderosa congregación de la Evangelización de los Pueblos, mejor conocida como Propaganda Fide. Esta congregación es propietaria de unos 2.000 apartamentos en Roma que, según datos oficiales de 2009, rentaron al Vaticano 56 millones de euros en alquileres.
«Actué siempre con balances aprobados por la Secretaría de Estado, que al término de mi mandato elogió mi labor con una carta», aseguró Sepe en una declaración pública leída a la prensa en Nápoles (sur).
Según el abogado de Sepe, Bruno Von Arx, «no hay nada de penalmente significativo» en la actuación del purpurado, quien fue relevado de la jefatura de la congregación en 2006 por el papa Benedicto XVI y enviado a Nápoles, como arzobispo de esa ciudad.
Sepe, que como cardenal goza de inmunidad diplomática, según el Concordato entre Italia y el Vaticano, anunció el domingo que colaborará con la justicia italiana, por lo que podría ser interrogado en las próximas semanas por los fiscales de Perugia.
El Vaticano precisó que Sepe colaborará dentro de «los límites que marca el Concordato», lo que significa, según fuentes de prensa, que en caso de que sea condenado se acogería al fuero diplomático.
El prelado, que el domingo ofició la misa en su ciudad ante cientos de fieles que al final lo aplaudieron, está siendo indagado por «corrupción continuada y agravada» junto con el ex ministro de Transportes de Silvio Berlusconi durante 2001 al 2006, Pietro Lunardi.
La magistratura investiga la venta en el 2005 de un palacio del Vaticano de 960 metros cuadrados en la céntrica Via dei Prefetti al ministro Lunardi a un precio menor al valor de mercado (4,1 millones de euros, unos 5 millones de dólares).
Los fiscales sospechan que Sepe recibió por ese «favor» la suma de 2,5 millones de euros para financiar un proyecto de restauración de los museos vaticanos.
La restauración fue asignada al grupo constructor del italiano Diego Anemone, principal implicado en el escándalo de la Protección Civil junto con Angelo Balducci, quien se encuentra detenido por irregularidades cuando era jefe de Obras Públicas del gobierno de Berlusconi.
Con la detención de Balducci, uno de los pocos italianos que gozaba además del título vaticano de «Gentilhombre de Su Santidad», se destapó el escandaloso sistema para asignar contratos millonarios por parte de la Protección Civil dirigida por Guido Bertolaso, entre los cuales figuran las grandes obras para la cumbre de los mayores países industrializados del G8 en julio de 2008.