Al respecto es procedente preguntarnos por qué reiteradamente se destruyen los puentes que con tanto esfuerzo se construyen en el paí­s. Es de público conocimiento que existen normas a nivel mundial para el diseño y construcción de ese tipo de obras, debemos preguntarnos si se están respetando y aplicando las mismas en Guatemala, se están haciendo los puentes en el lugar y la longitud que garantice que los rí­os sobre los que se construyen aún con una sobrecarga de agua van a ser adecuados y a resistir la fuerza, la cantidad de agua que cada cierto número de años produce una tormenta o un huracán, ese es un tema que deberí­an responder las universidades y las facultades de ingenierí­a y arquitectura en el paí­s.

 

Construir un puente no es algo que pueda realizar cualquier empresa y las que los construyen si saben que el diseño es inadecuado deberí­an dejar constancia técnica al respecto, es más, deberí­a de pedí­rsele a los constructores que certifiquen que su obra va a durar y a prestar el servicio  por lo menos 20 años. Ya existe en el paí­s el precedente de una conocida empresa que en la ampliación y mejoramiento de la carretera al Atlántico se negó a construir un puente porque el diseño, en su criterio, no era adecuado y el estudio de suelos no garantizaba que la obra iba a permanecer en pie.

 

En las carreteras comparemos las que se hicieron hace 30 años con las hechas en los últimos diez. Ejemplo, en Alta y Baja Verapaz, la carretera de la Cumbre de Santa Elena a San Pedro Carchá, construida en uno de los terrenos más difí­ciles, continúa en buenas condiciones. Por qué carreteras más recientes no lo están; es malo el diseño, fue mala la supervisión, no se realizaron los drenajes y la compactación de la rasante, la sub-base, base y la carpeta asfáltica de conformidad con las normas y así­ se ahorró o ganó una enorme cantidad adicional el contratista; los taludes no se cortaron adecuadamente, se dejaron muy verticales para que se cayeran con el tiempo y así­ ahorrar dinero.

 

Todo esto debe analizarse y responderse, nuevamente las universidades, facultades y colegios profesionales tienen que asumir su rol y como entidades académicas y cientí­ficas cerciorarse que los diseños, las especificaciones y la construcción efectiva de puentes, carreteras y demás infraestructura son adecuadas.

 

Los recursos para construir no sobran, construir inadecuada o deficientemente es más caro. Cacif, las cámaras, la Asociación de Azucareros, en especial, deben requerir que las nuevas obras en general se construyan con especificaciones iguales a las de México, así­ adaptarnos a lo que implica el Plan Puebla-Panamá. El sector privado debe evitar su enriquecimiento ilí­cito en la obra pública.

 

No efectuar el mantenimiento de drenajes, taludes, cunetas, rasante y asfalto es imperdonable ya que la población paga, a través de los combustibles, los recursos que el Fondo Vial recibe. No debe otorgarse contratos de mantenimiento a quien no tiene el personal calificado y el equipo necesario.

 

El Ejecutivo, el Ministerio de Comunicaciones, las unidades académicas deben sacar las conclusiones procedentes, asimismo debe crearse la supervisión adecuada y las normas que garanticen la duración y calidad de la construcción de la obra pública, de lo contrario continuarán las tragedias.