El Decreto del Congreso de la República de Guatemala No. 48 de 1997 aprobó la vigente Ley de Minería, la cual se ha comprobado que no fue elaborada por legisladores o ciudadanos guatemaltecos, sino por una empresa transnacional canadiense. Por supuesto, contentiva de disposiciones que casi en nada protegen los intereses nacionales, así como la salud y seguridad de los habitantes residentes en las cercanías de alguna mina en explotación. Y, como consecuencia, de los muchos y constantes daños y perjuicios causados por la explotación de la minería a cielo abierto, causados principalmente a la población indígena, a la cual, no obstante disposiciones de la Constitución Política de la República, del Código Municipal y del Convenio 169 de la OIT, que exigen se les consulte a las poblaciones indígenas, previamente, si están o no de acuerdo con la realización de algún proyecto económico-social que pueda afectar las tierras que les pertenecen, casi nunca se ha hecho y cuando, excepcionalmente, se ha realizado la consulta, con resultado negativo, jamás se ha respetado la decisión comunitaria indígena.
Además, se han comprobado los gravísimos daños al sistema ecológico, tanto en las montañas como en los ríos, lagos y, en general, a las fuentes hídricas del país.
No obstante esas dolorosas realidades, las empresas transnacionales mineras operan en condiciones de privilegio, se les exonera de impuestos y apenas pagan al Estado de regalía el 1%.
Ante esa injusta situación, sectores varios de la sociedad guatemalteca externaron sus sentimientos de protesta y desde hace varios años, ha habido manifestaciones públicas no sólo en el interior, sino también en la ciudad capital y, además, instituciones religiosas, políticas, académicas, de derechos humanos, han estado exigiendo se reforme la Ley de Minería vigente. Reformas parciales que a este ciudadano, columnista del Diario La Hora, siempre le parecieron insuficientes, dado el enorme poder económico y político-internacional de la red corporativa de empresas transnacionales, razón por la cual decidí elaborar una iniciativa de ley, no de reformas parciales, sino total, es decir, para su derogación y ser sustituida por otra nueva, que también garantice los intereses y derechos del Estado y de la población, y les garantice efectivamente superiores rendimientos económicos y sociales, a la par que eviten la destrucción del medio ambiente. Mi iniciativa fue entregada al Congreso, en abril de este año.
Debo reconocer que no fue acogida por los distintos bloques de diputados, salvo de alguien vinculado a cierto bloque, quien la está estudiando. Pero, me queda la satisfacción de que, como mi iniciativa ha sido comentada en términos no desfavorables por el Lic. Oscar Clemente Marroquín Godoy y el diputado del bloque del partido URNG, sin duda influyó en la decisión de someter a los dignatarios del Organismo Legislativo, ya no, unas modificaciones parciales, sino, una nueva ley que deroga la vigente.
Respecto a ésta, que fue presentada por la diligente diputada, Rosa María íngel de Frade, a continuación, daré mi opinión:
a) La iniciativa omite (al menos en el ejemplar que se me dio en el Congreso de la República) la exposición de motivos y la parte considerativa de la Ley, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y desatendiendo las instrucciones dadas por el Lic. Roberto Alejos Cámbara, a los diputados en su Manual «Cómo Presentar Proyectos de Ley».
b) Mejora la normatividad de la industria minera, pero no al grado que el país necesita.