El Relator de las Naciones Unidas, para temas relacionados con los pueblos indígenas, manifestó su preocupación sobre la actividad minera en el departamento de San Marcos, ratificando lo mostrado en el estudio presencialmente y coincide en que existe un peligro significativo en el área. Hace un llamado al Gobierno a que acate de buena fe lo resuelto por la CIDH, y así evitar posibles conflictos internacionales. Y sostiene que Guatemala no toma en cuenta consensos de diálogo con poblaciones indígenas.
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James Anaya, Relator Especial de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, indicó haber recibido una serie de alegatos contra la actividad minera en el departamento de San Marcos, por comunidades indígenas vecinas al proyecto. «Coincido con ellos de que sí existe un peligro significativo a causa de la Mina Marlin I y el Gobierno de Guatemala debe proceder a la suspensión de las actividades hasta que se remedie todo acto peligroso».
Expresó que la medida cautelar, emitida por la Comisión Internacional de los Derechos Humanos de la ONU, debe ser respetada y acatada, «por cuestión en principio de virtud, debe de cumplir de buena fe con sus obligaciones internacionales.»
Sin embargo, hizo de conocimiento público que la CIDH llevará a cabo una visita para verificar la situación, «El Gobierno está enterado de la situación y debe seguir las recomendaciones de la Comisión y darle el seguimiento y monitoreo necesario».
Las autoridades y representantes indígenas, refiere «han manifestado muchas alegaciones, he recibido testimonios directos de la contaminación de ríos de pozos; proliferación de enfermedades que afectan niños y mujeres. Recibí quejas de hostigamiento; muertes de líderes; traslados forzosos, destrucción de casas, horribles violaciones sexuales a las mujeres que apuntan a las fuerzas de seguridad y a las compañías privadas, o personas asociadas a las empresas, por eso vine».
No existe consulta
De igual forma, el Relator sostuvo que en el país no existe un consenso de consulta con las comunidades indígenas, argumentó que existe un ambiente de conflictividad entre el Gobierno y poblaciones indígenas.
«El Estado no se ha involucrado con las comunidades afectadas, y esto se dio desde el principio pues no se sostuvo diálogo con los ahora afectados», indicó.
De acuerdo con el Relator, todos los factores coinciden en que no existe un marco legislativo para que estas consultas se realicen, «la ausencia de este marco ha generado respuestas por parte de las propias empresas para realizarlos, pero han sido insuficientes y me gustaría puntualizar que dentro de los convenios internacionales, por respeto a los derechos de los indígenas, no pueden y no deben hacer este tipo de diálogos, sin la supervisión del Estado «.
Según, El Relator, «La consulta implica siempre un diálogo activo que no se agota con un tramite inicial, sino debe ser continuo, con el derecho que les corresponde a los pueblos indígenas, que está pautado en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación racial».
«El Gobierno de Guatemala conoce el Convenio internacional, pero no mucho, hace falta más interés», agrega.
Recomienda el Pueblo Indígena
Las asociaciones indígenas manifestaron su incertidumbre haciéndole entrega al Relator, una serie de recomendaciones para que se respeten plenamente sus derechos, solicitando, primeramente al Gobierno «La cancelación de todas las licencias de reconocimiento, exploración de empresas mineras, hidroeléctricas, petroleras y todo tipo de actividades que atentan contra la vida de la Madre Tierra y la existencia de nuestros pueblos e iniciar un proceso de reparación de los daños causados por estas actividades».
Solicitan que se establezca una comisión de expertos que evalúe los daños ambientales, culturales, sociales y espirituales.
El Relator, concluyó indicando que se tomarán en cuenta, ya que no difieren mucho de las conclusiones presentadas el día de hoy luego de estar en el país desde el 14 de junio al 18 del mismo mes. Donde sostuvo reuniones con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Energía y Minas, La Procuraduría de los Derechos Humanos y con El Congreso de la República; también con líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez, San Marcos, Zaculeu y Huehuetenango.
Una reunión privada se desarrolló esta mañana entre el presidente ílvaro Colom, el vicepresidente Rafael Espada y el relator de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, James Anaya, quien realizó una gira de supervisión en los departamentos que presentan conflictos con empresas transnacionales.
Luego de la reunión, el mandatario viajó hacia Totonicapán, en donde se reunió con representantes de los 48 cantones de ese departamento para dialogar sobre conflictos que se desarrollan allí por la energía eléctrica.
Organizaciones indígenas criticaron esta mañana al Estado guatemalteco por el descuido de la naturaleza, lo que ha provocado que se produzcan desastres naturales que afectan de manera más profunda a este sector.
Juan Tinei, de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, (Conic), se pronunció esta mañana sobre la labor realizada por el Gobierno para atender la emergencia provocada por el paso de la tormenta tropical Agatha, indicando que no es suficiente que el presidente ílvaro Colom realice giras para supervisar, pues señala que debe ponerse atención a la prevención.
Destrucción de bosques y bienes naturales es la consecuencia, asegura, de que el Estado permita la labor en el país de empresas transnacionales que se dedican a las extracciones petroleras y mineras, lo que a su vez genera que la naturaleza no resista al cambio climático y se manifieste con destrucción.
Además, se critica la «utilización del rostro y la bandera maya» por parte del mandatario, pues señalan que no existe representatividad de este sector de la población en el Gobierno, indicando que quienes participan en él lo hacen en nombre de un partido y no de los mayas.