Bolivia prevé reglamentar que petroleras estatales y extranjeras compensen hasta 1,5% de sus inversiones a pueblos indígenas para que autoricen actividades hidrocarburíferas en sus tierras, tras procesos de consulta pública que frenaron varios proyectos, como el de la venezolana PDVSA.
La Carta magna boliviana y el Convenio 169 de la OIT, al que La Paz adhirió en 2009, establecen la necesidad de realizar una consulta con cualquier pueblo indígena, cuando se van a realizar en sus tierras actividades de diversa índole que sean de su incumbencia.
El proceso de consulta es para que los indígenas (a quienes la Ley boliviana les reconoce su autonomía) tengan la certeza de que una labor minera o petrolera no afectará su habitat o para negociar una compensación económica, aún no reglamentada, si es que hay daño ambiental mitigable, tras lo cual recién autorizan una determinada operación productiva.
El director de Gestión Socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Omar Quiroga, dijo que por «ahora no hay montos mínimos ni máximos para compensaciones, eso está sujeto a la negociación entre partes».
«Hay una propuesta más o menos consensuada en la que (la compensación) variaría entre un 0,5% (como mínimo) y un 1,5% como máximo de la inversión (petrolera)», afirmó Quiroga, que podría aplicarse en las fases de exploración petrolera y gasífera, perforación de pozos y la explotación.
Explicó que a la fecha la compensación económica acordada entre empresas petroleras y grupos aborígenes, anta la falta de reglamentación, fue variable, desde 70.000 hasta 1,6 millones de dólares, por lo que se busca establecer un criterio.
Ese monto económico, al margen de los impuestos estatales que deben cumplirse, debe ser «un porcentaje real que pueda cumplir la empresa petrolera» y que -según él- «son costos recuperables».
El plan del gobierno boliviano para el rubro de hidrocarburos estima que las inversiones estatales y privadas (socios extranjeros) en los próximos cinco años será de 2.495 millones de dólares en la fase de exploración y de 3.632 millones para la etapa de explotación.
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS-La Paz), una ONG boliviana que trabaja con varios pueblos indígenas, dijo a la AFP que un obstáculo para alcanzar una compensación económica, es el proceso mismo de consulta popular indígena, «donde no se han cumplido principios básicos de acuerdo».
Iván Bascopé, responsable de CEJIS-La Paz, puso como ejemplo el proceso de consulta con los pueblos Leco y Mosetén, de unos 6.000 habitantes, que realizó la empresa Petroandina, (PDVSA, Venezuela y YPFB, Bolivia), para la prospección petrolera en el departamento andino de La Paz.
Las negociaciones entre firmas petroleras y comunidades aborígenes se han convertido en suerte de cuello de botella que impide a Bolivia aprovechar toda su riqueza gasífera y petrolera, pues sobre la mayor área de sus yacimientos, vive gran parte de los indígenas bolivianos.
Por ejemplo, las reservas de gas, estimadas en 1,36 billones de m3, las segundas de la región después de Venezuela, están en tierras de los indios guaraníes, en el sudeste del país, en la frontera con Argentina y Paraguay.
En Bolivia hay un total de 36 pueblos indígenas, que representan cerca de 50% de los 10 millones de habitantes, según datos del estatal Instituto de Estadísticas (INE).