Un oficial del juzgado Décimo de Primera Instancia, contralor del proceso abierto por el asesinato de Rodrigo Rosenbeg, habrí­a filtrado información a una de las personas vinculadas con los hermanos Valdés Paiz, supuestos autores intelectuales del crimen.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitó a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia el traslado del oficial, cuyo nombre no fue otorgado por la judicatura contralora de la investigación.

Según consta en el expediente, el oficial habrí­a otorgado información a uno integrantes del grupo encargado de crear una campaña de desprestigio en contra de la CICIG, además de una estrategia de defensa paralela a favor de Francisco y Estuardo Valdés Paiz, supuestos autores intelectuales del asesinato del jurista.

Según información de la citada judicatura, el oficial habrí­a propiciado «la fuga de información» del expediente del caso Rosenberg, mientras este estaba en reserva.

Sin embargo, no se detalló qué tipo de información y a quién se la habrí­a proporcionado; debido a que la contralora del proceso considera que aunque el caso ya no está en reserva, existe información que no puede ser revelada debido a que el proceso aún está siendo investigado por la Fiscalí­a.

El oficial aparece en una de las grabaciones que la Fiscalí­a Especial para la CICIG presentó como medios de prueba del proceso contra Juan Miguel Fuxet y Julio Rodolfo Ibarra, quienes encubrieron a los hermanos prófugos de la justicia.

La intercepción telefónica refiere al oficial del citado juzgado otorgando información del proceso a una persona ajena al mismo por lo que la Cámara Penal ordenó el traslado temporal del oficial de trámite de la judicatura Décima y solicitó a la Fiscalí­a de Delitos Administrativos abrir un expediente para que investigue si el trabajador del Organismo Judicial habrí­a incurrido en delito al otorgar información a los ahora sindicados.

Los involucrados en ese proceso, que se sumó al caso Rosenberg, son: José Miguel Fuxet, auditor de los laboratorios Lanquetí­n y Rodolfo Ibarra, publicista, contratado para orquestar la campaña mediática contra la entidad; quienes permanecen en prisión preventiva por los delitos de colusión, conspiración para la colusión y obstrucción a la justicia.

Por ese caso permanece prófugo de la justicia Diego Moreno Botrán, cuñado de los hermanos Valdés Paiz, quienes han evadido a la justicia desde el 10 de diciembre último cuando el juzgado Décimo ordenó la captura por haber contratado a un grupo de sicarios para que ejecutaran el asesinato de Rodrigo Rosenberg.