Durante la crisis institucional derivada del nombramiento del abogado Conrado Reyes Sagastume al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, ante la abierta animadversión del doctor Carlos Castresana, aún titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y la oposición de los grupos que conforman lo que se ha dado en llamar la Sociedad Civil, se registró un fenómeno recurrente en la vida nacional y que se refiere a la ausencia de los partidos políticos en momentos determinantes que requieren de su actuación para encarar un conflicto, y la notoria participación de sectores que afirman luchar por la vigencia del estado de Derecho.
Sabido es que el sistema democrático representativo no puede subsistir sin la existencia de partidos políticos, que teóricamente son los canales por medio de los cuales los ciudadanos se hacen representar en el Estado, porque delegan, especialmente en el Presidente y el Vicepresidente de la Presidencia, en los diputados al Congreso y en la corporaciones municipales, su voluntad individual y colectiva, mediante el sufragio en elecciones libres.
Por el contrario, los grupos que conforman la Sociedad Civil se estructuran con sectores de ciudadanos que generalmente persiguen objetivos similares, pero que carecen de plena representatividad, porque sus miembros de base y sus dirigentes no fueron elegidos por medio de un proceso participativo de la mayoría o todos los guatemaltecos.
Sin embargo, en la práctica política y social esos grupos han desempeñado roles de singular importancia, sobre todo cuando se aglutinan en pos de un propósito común que suele ser legítimo, ante el vacío que dejan los partidos políticos, cuyos líderes están demasiado ocupados en resolver disputas internas o en la repartición de privilegios y favores, como para atender aquellos asuntos de sumo interés nacional que deberían merecer su concentración a fin de cumplir con sus funciones principales, ya sea desde su ubicación en el área oficial de respaldo al Gobierno, o desde su filiación opositora, para fiscalizar las decisiones y acciones estatales.
Desde principios de la década de los 90, como consecuencia del golpe de Estado que pretendió ejecutar el entonces presidente Jorge Serrano Elías, los grupos de la Sociedad Civil se han tornado deliberada o espontáneamente en intérpretes de pensamientos, emociones y pasiones de los ciudadanos que murmuran sus débiles y anónimas protestas, pero que se resisten a engrosar las filas de los partidos políticos como consecuencia de una serie de desastrosos factores que han deslegitimado su carácter de organizaciones llamadas a fortalecer el estado de Derecho.
En ese contexto, esbozado muy apresurada y burdamente, los sectores sociales de diferentes rumbos ideológicos, pero que tienen como eje central velar por el respeto a la Constitución Política, leyes ordinarias y los derechos de los ciudadanos, han abanderado movimientos pacíficos en defensa del bien común y la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, como reza un fragmento de la fase introductoria del texto constitucional, que los partidos políticos han ignorado.
Sin la preeminencia ni las prerrogativas que disfrutan legisladores y funcionarios públicos de altos y medianos rangos, dirigentes y miembros de los grupos sociales se han esforzado por evitar la consumación de abusos gubernamentales, y aunque no siempre alcanzan sus propósitos ante la obstinación, ceguera o arbitrariedad del poder público, en muchas ocasiones han impedido que se impongan resoluciones estatales en pugna con el estado de Derecho o en desmedro de intereses colectivos.
(El analista geográfico y pacífico Romualdo Tishudo, respecto a la actividad política y legislativa, cita al cardenal De Richelieu: -Aprobar una ley y no hacerla cumplir equivale a autorizar lo que se pretende prohibir).