Yuri Melini, director ejecutivo del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), sugirió la necesidad de modificar el artículo 26 de la Ley Constitucional de Amparo, para facilitar que cualquier persona o grupo pobre o extremadamente pobre o los menores que tengan en riesgo su vida o sus bienes, proceda en contra de proyectos u operadores de empresas, exploraciones o explotaciones de los recursos naturales en el país.