Bajo amenazas de muerte declaró esta mañana la hermana de una testigo protegida del Ministerio Público (MP) que fue asesinada por tres integrantes de la banda El Gallo, contra quienes testificaría en 2009 por el asesinato de su esposo.
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Con lágrimas en los ojos, la testigo pidió a los integrantes del tribunal que aplicaran justicia contra los tres miembros de la banda de El Gallo que opera en la colonia El Limón, zona 18; a quienes señaló de haber asesinado a diez integrantes de su familia.
A criterio de Iduvina Hernández, analista de Seguridad en Democracia (Sedem), el Programa de Protección a Testigos del MP continúa siendo deficiente y existe falta de voluntad política para hacerlos efectivos.
«Estos son programas con deficiencias que han sido señaladas por diversas organizaciones que trabajan los procesos con la fiscalía y que han vivido en carne propia los efectos de una situación no resuelta»; comenta la analista.
Hernández añade que la falta de recursos es una de las más grandes debilidades de ese programa y considera que ese tema debe abordarse tanto desde el Organismo Ejecutivo como desde el Legislativo: «Está claro que falta voluntad política para la toma de decisiones», enfatiza.
Pero el problema también viene de la misma institución, pues la analista considera que en el MP hay «decisiones discrecionales que no apuntan a fortalecer estructuras como este programa» y que además no hay una gestión de Estado para aportar soportes logísticos para asegurar su funcionamiento.
«Es preciso que el Estado entienda que estas personas son valiosas para desmantelar las estructuras criminales como las que señaló Carlos Castresana, pero para ello hay que garantizar su vida y su seguridad», enfatizó Hernández.