Según esta hipótesis, el abogado Rosenberg acudió con sus familiares, los hermanos Valdés Paiz, para que lo ayudaran a «asesinar a un extorsionista». No sé si los dos hermanos tení­an experiencia en ese tipo de «encargos» en el pasado, pero todo indica que sí­, porque en escasos cinco dí­as contactaron a la gente para poder llevar a cabo el asesinato.

Si fuese cierto que es una práctica común el encargar asesinatos para librarse de gente indeseable, estos casos no trascienden mediáticamente casi nunca (o mejor dicho nunca), porque los ultimados habitualmente serí­an extorsionistas, pandilleros o cualquier tipo de gente, menos abogados influyentes.

Sin embargo, supongo que ni Rosenberg ni los Valdés Paiz intuyeron que este caso se conocerí­a «de pe a pa». Supongo, pues, que los hermanos acusados de ser los autores intelectuales -al igual que muchas otras personas- actúan bajo el favor de vivir en un paí­s con una impunidad de casi el 100%. Me imagino que otros asesinatos se encargan de igual forma, sin que exploten mediáticamente y que contratar sicarios para matar a alguien es poco menos que darle «bocado» a un perro callejero.

Pero, al profundizarse en el Caso Rosenberg, éste nos ha demostrado cómo funciona la estructura que propicia la impunidad en Guatemala; no sólo se trata de que los grupos de poder cometen ilí­citos sin temor, sino que también tienen los mecanismos para manipular el sistema, y tienen al alcance de su mano contactos dentro de las instituciones del Estado (CC, MP, los tres organismos del Estado, entre otros), y también dentro de medios de comunicación, colegios de profesionales, partidos polí­ticos, «analistas» polí­ticos, comisiones de postulación y toda estructura de toma de decisión polí­tica-penal.

En la conferencia del pasado lunes, Carlos Castresana, el aún jefe de la CICIG, presentó pruebas que vinculaban la campaña de desprestigio en su contra, con los hermanos Valdés Paiz, y la influencia en el proceso de postulación a Fiscal General. Es decir, ésta es la continuación del Caso Rosenberg, sobre cómo los supuestos autores intelectuales intentan eludir presentarse a un juzgado. Y, de cómo sólo un asesinato es suficiente para que grupos de poder estén interesados en tener a gente «muy muy muy muy muy amiga» dentro del sistema de persecución penal.

Castresana no se refirió a que, obviamente, también hubo otros sectores interesados en la postulación de Fiscal General, porque sólo enlazó la campaña de desprestigio con la elección de Conrado Reyes. Pero, si un solo asesinato motivó a dos hermanos a mover cielo y tierra para mantenerse tranquilos, ¿qué tanto no hicieron los grupos de narcotráfico, los grandes evasores, los abogados que organizan las redes de trata de personas, las ONG que depredan el gasto público, los acusados de peculado, los acusados del asesinato de los Musa, los acusados de genocidio, etc.? Me imagino que por estos delitos de Grandes Ligas también hubo presiones, y, al final de cuentas, todos habrí­an quedado muy contentos con la elección de Conrado Reyes.

Y todo esto se evidenció sólo por un asesinato: el de Rosenberg, quien, siguiendo la hipótesis de la CICIG, habrí­a tenido una finalidad muy noble de querer que haya justicia en Guatemala, y de a poco se le va cumpliendo su sueño.

Imaginémonos cuánta información más pudiera haber al dar persecución penal a más asesinatos, sobre todo los de alto impacto. Con unos diez casos, prácticamente toda la estructura oscura de poder quedarí­a evidenciada.

Por el momento, con las investigaciones del Caso Rosenberg, supongo que las estructuras clandestinas incrustadas en el Estado van a bajar el perfil, al menos por un momento, y que los hermanos Valdés Paiz no tardarán en ser capturados, ya que, me imagino, nadie querrá ahora involucrarse, a sabiendas que todo es posible llegar a saberse, si se tiene la voluntad.