Las revelaciones recién expuestas ayer por el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Carlos Castresana, develan un panorama mediante el cual uno de los principales rasgos que salen a luz es la confluencia de intereses aparentemente inconexos, pero ligados a la cooptación de una de las instituciones más importantes en la lucha contra la impunidad. Una sola familia (dos hermanos) involucrada en un escandaloso crimen posee los recursos, hilos y tentáculos para hacerse del control institucional del Ministerio Público. Lo logra. La historia y los entramados hasta ahora develados, siguen siendo incompletos.
wdelcid@intelnet.net.gt
El clamor que habrá de surgir para demandar la inhibitoria a la que deberán acudir los integrantes de la Comisión de Postulación contemplada en el artículo 251 y explícitamente sugerida en la resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, CC, el pasado jueves 10 del mes en curso, no hará sino abrir otro agujero (constitucionalmente hablando) más severo que el de la zona 2 tras el paso de la tormenta Agatha. A la sazón el cuarto párrafo del artículo antes citado prohíbe las representaciones. Quid del asunto que a su vez impide a los comisionados inhibirse de tal mandato.
Los magistrados (de la CC) han mencionado un asunto relacionado con aspectos de conciencia y para ello han referido a la eventual aplicación del artículo 170 contenido en la Ley de Amparo, ley constitucional que no puede anteponerse a la propia Constitución, en consecuencia su reiteración puede desatar otra «lluvia» de recursos de nulidad por lo actuado ante los eventuales suplentes que quepan. En razón de ello, el atolladero no se ha dilucidado.
El caso es que la defenestración del Jefe del Ministerio Público y Fiscal General, si bien ha generado una atmósfera de alivio en amplios sectores de la población guatemalteca, deja abierto un escenario al que no se le puede dar por concluido. Es decir, no hay una solución definitiva ante tan compleja situación. Quizás ésta complejidad nos atrape en más demoras para el verdadero rescate de una institucionalidad que, demostrado ha quedado, es poco menos que frágil. Una institucionalidad que se le puede manosear prácticamente con gran facilidad.
Se devela entonces que lo que tenemos es algo así como una caricatura de Estado. Ese es el tema de fondo. Hemos de reconstruir la institucionalidad toda. Y si de hilar fino se trata, a la usanza de Gustavo Berganza, vemos que por el momento no hay garantía alguna de que el camino trazado por los magistrados de la CC apoye un verdadero rescate de la institucionalidad. Antes bien, pareciera ser la antesala de una serie de maniobras para garantizarles a algunos de ellos una permanencia más allá del propio mandato constitucional que estaría por concluir en abril próximo. El país deambula en medio de un sórdido entorno. Castresana dice menos de lo que sabe. Ha desnudado una cruel realidad, pero pareciera que los verdaderos poderes paralelos, los todopoderosos poderes fácticos aún seguirán esperando ser revelados.