«Hay que sacar a los malos de las instituciones, de uno en uno. Se trata de la batalla de Guatemala».
Carlos Castresana, jefe de la CICIG
En gran medida, somos producto de la guerra. Las estructuras paralelas, que fueron creadas como una estrategia militar contrainsurgente encargadas de torturar, asesinar y desaparecer a miles de personas, y que gozaron del beneplácito de los altos mandos militares que controlaron el Estado y de los últimos gobiernos civiles, son las principales responsables de la violencia que se presenta en el país. Y de la impunidad también que, según información oficial, alcanza el 97% de los delitos denunciados ante el Ministerio Público (MP).
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La historia nos demuestra que el Estado de Guatemala siempre ha representado a un grupo minoritario de la población y nunca ha cumplido con su deber de asegurar la vida, la seguridad y la paz a la ciudadanía. A partir del conflicto armado interno, en donde las élites económicas identificaron su mayor amenaza para mantener su situación de privilegio, se llevó a cabo esta estrategia por cooptar las instituciones encargadas de administrar la justicia.
A casi doce años de haber firmado los Acuerdos de Paz, los resultados de esta maniobra oscura se encuentran a la vista: ex militares acusados de desaparición de personas y de genocidio se encuentran ocupando puestos públicos y otros son posibles candidatos para las próximas elecciones; cientos de abogados se hicieron ricos gracias a los procesos ilegales de adopción; el narcotráfico opera con total impunidad; varios directivos de la Policía Nacional Civil (PNC) han sido capturados por su vinculación con el crimen organizado…
A pesar de los esfuerzos que han emprendido diversas organizaciones sociales, centro de investigación y personas individuales, el andamiaje de este poder paralelo es tan complejo y la voluntad de las autoridades del Estado es tan nulo, que fue necesario solicitar la ayuda de la comunidad internacional para que se creara una comisión que tuviera poderes especiales para ayudar al desmantelamiento de estas estructuras y fortaleciera a nuestro débil sistema de justicia. Por esa causa se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) que muy bien fue dirigida durante todos estos meses por Carlos Castresana.
La mayoría de los partidos políticos representados en la Legislatura anterior apoyaron la creación de esta comisión. Sin embargo, tres años después, pareciera que el compromiso adquirido por la clase política de nuestro país quedó en el olvido.
No puede pensarse de otra manera al observar las actitudes del presidente ílvaro Colom, que ignoró los planteamientos de la CICIG y de las organizaciones sociales sobre la repetición del proceso de elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público porque los decanos de las facultades del país -tristemente también la Universidad de San Carlos de Guatemala-, el representante del Colegio de Abogados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo viciaron y, a escondidas, transaron la unción de una nómina de candidatos que según denuncias, se comprometieron a perpetuar la impunidad en el país. De igual manera, en el Congreso de la República se encuentran estancadas una serie de normativas que vendrían a fortalecer a nuestro sistema de justicia.
La situación actual del país, que duele, entristece, indigna y enoja, es una prueba fehaciente que el sistema se encuentra agotado. No se puede repetir más las prácticas que las élites económicas, militares y políticas implementaron para hacer de este país cualquier cosa menos una sociedad justa. Por ello, es indispensable que para el nuevo proceso, se tomen en cuenta los planteamientos acertados de la CICIG y de las organizaciones sociales, para nombrar probo y comprometido con la búsqueda de la justicia y la lucha contra la impunidad.