¿Pusieron los señores Valdés al fiscal Reyes?


La presentación que hizo ayer el Comisionado Carlos Castresana sobre el resultado de las escuchas telefónicas realizadas a los señores Juan Miguel Fuxet Ciani, Rodolfo Ibarra Figueredo y Diego Moreno Botrán, evidencian la existencia de una conspiración para destruir la credibilidad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala a fin de desvirtuar las acusaciones que se formularon contra los hermanos Valdés Paiz. No queda duda de la existencia de esa conspiración ni de que la misma se nutrió con la participación de otros personajes cuyas comunicaciones con estos individuos lo demuestran plenamente.

Oscar Clemente Marroquí­n
ocmarroq@lahora.com.gt

Sin embargo, persiste la duda sobre si todo el proceso de selección del Fiscal General, que culminó con el nombramiento de Conrado Reyes, fue manipulado por esos conspiradores o si simplemente se beneficiaron del trabajo a conciencia que realizaron poderes más grandes y, por supuesto, más tenebrosos que permanecen ocultos y cuya responsabilidad se diluye al tenor de lo expuesto ayer por el doctor Castresana. Mi impresión es que se produjo una combinación de factores que ayudó al grupo que la CICIG identificó como Petit Comité, puesto que ellos estaban apostando a la designación de Rivera Claverí­a o de Renato Durán y no fue sino hasta que el magistrado suplente les hizo ver que Reyes, ya nombrado, era «muy, muy, muy» amigo que se enteraron que la suerte les habí­a favorecido, al menos temporalmente. Pero no debe perderse de vista que todo el manejo, que incluyó la negociación entre la señora Gloria Torres y el abogado López Villatoro, que éste reconoció públicamente, y por supuesto el nombramiento que hizo el presidente Colom, tiene un origen diferente al interés coyuntural que los sindicados en el crimen de Rodrigo Rosenberg tení­an para influir en la Fiscalí­a y en sus planes para atacar y «machucarle la cola» a Castresana. Y es que preocupa que se pueda suponer que todo se resuelve con el esclarecimiento de esa conspiración montada burdamente por un grupo de abogados para defender a los señores Valdés Paiz. Obviamente si debe reconocerse que el señor Ibarra, quien fue relacionista del gobierno de í“scar Berger, tiene influencia entre el gremio de los periodistas porque sí­ que por su lado logró montar una buena red de columnistas y comunicadores encargados de propagar su campaña contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad. Mal parado queda, en ese marco, el Partido Patriota porque al menos dos de los sindicados tienen estrecho ví­nculo con esa formación polí­tica, lo cual puede ser casualidad, pero que deja de todos modos mal sabor. En las explicaciones que ofreció ayer el doctor Castresana no aparece en absoluto ninguna vinculación de gente de Gobierno con el montaje, lo que darí­a la impresión en un análisis superficial, que la designación del fiscal general Conrado Reyes fue simplemente el logro de manipulaciones de esta parte visible de los poderes ocultos que tienen en la Corte de Constitucionalidad, como cruel paradoja, su reducto a través de funciones de suplencia. Pero todos sabemos que el tema tiene mucho más fondo y que esto que ahora se hizo público es apenas una parte de nuestra realidad y del esfuerzo por controlar y cooptar a las instituciones del Estado. El problema no está ni siquiera en la figura misma de Conrado Reyes, sino que es mucho más serio y profundo y por ello, para evitar sorpresas en el nuevo proceso de postulación, no hay que encandilarse con una explicación válida, pero que apenas toca una parte, dejando afuera lo medular.