Los 27 miembros de la Unión Europea tienen previsto dar luz verde hoy a una ambiciosa política energética común, pese a continuar divididos sobre algunos capítulos claves, como la obligación de aumentar la producción y utilización de las energías renovables en Europa.
Serán los ministros de Energía de la UE los encargados de intentar acercar las posiciones divergentes, de cara a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del bloque de marzo próximo.
Los puntos sobre los que no hay acuerdo son dos, la cuestión de la energía renovable y la pretensión de dividir las empresas energéticas de ciertos países para fomentar la competencia, según el texto que debe ser adoptado el jueves por los ministros de los 27.
La Comisión Europea había presentado en enero pasado las bases de una política energética común, juzgada como indispensable ante el recalentamiento climático y el alza de los precios de los hidrocarburos.
En ese marco, los ministros deben aprobar el objetivo de una reducción de por lo menos el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2020 y la necesidad de abrir los mercados de gas y electricidad.
También impulsarán la negociación con Rusia de un amplio acuerdo energético y la creación de un mecanismo de cooperación entre operadores nacionales para las cuestiones transfronterizas.
Con el carbón en declive y la utilización de la energía nuclear en controversia, Bruselas preconiza inversiones masivas en fuentes renovables (energía eólica, hidráulica, geotérmica, solar), limpias y susceptibles de volver a Europea menos dependiente de la importaciones.
La Comisión sugiere elevar al 20% en 2020 la parte de esas energías renovables en el consumo global de la UE, contra 7% actualmente.
Además, quiere instaurar un objetivo mínimo de utilización de biocarburantes, correspondiente al 10% del total de carburantes consumidos de aquí a 2020.
Si los países europeos dicen estar dispuestos a aprobar estas propuestas, están divididos en cuanto a la intención de hacer que esas objetvos sean de cumplimiento obligatorio.
Entre quienes están a favor se encuentran España, Italia, Eslovenia, Dinamarca, Suecia y Alemania. En cambio, Gran Bretaña, Francia y Finlandia se oponen, según fuentes diplomáticas.