El proceso de selección de candidatos para Fiscal General de la República apunta a ser una reedición de lo ya ocurrido, puesto que si los mismos postuladores son quienes han de realizar desde la convocatoria hasta la calificación de los aspirantes, seguramente que se mantendrá el mismo patrón de la anterior postulación. Es elemental el razonamiento de que si los actores son los mismos, el producto de sus deliberaciones no puede ser diferente.
Está demostrado que ni el cuestionamiento de las organizaciones sociales ni el de la comunidad internacional que ha demostrado gran compromiso con la lucha que debe realizar Guatemala en contra de la impunidad, tienen impacto serio en los miembros de la Comisión de Postulación que ha actuado con el mayor desprecio hacia las diferentes expresiones en busca de un trabajo transparente y a favor de una institucionalidad que apuntale el trabajo que realiza la CICIG para combatir la penetración y control de los poderes paralelos en el Estado. Entendemos y asumimos que hay un grupo de postuladores que son personas honorables pero que se han visto sometidas a presiones extraordinarias que les han obligado a acatar las decisiones de quienes tienen la sartén por el mango. Inclusive hemos tenido conocimiento que algunos de ellos pensaron seriamente en retirarse, pero fueron advertidos de que «algo» podría ocurrir si materializaban una renuncia que pudiera poner en entredicho al resto de sus colegas, por lo que no tuvieron otro remedio que persistir, contra su voluntad, a sabiendas de que tenían que allanarse a las decisiones ya tomadas. Por ello es que nos ha parecido encomiable la forma en que la Corte de Constitucionalidad les propuso a los miembros que, en aras de un proceso más transparente y edificante, se inhibieran tomando en cuenta que ya habían participado en el proceso anterior y eso les condicionaba porque, como han dicho algunos de ellos, cambiar su comportamiento significaría que admiten que hicieron algo malo y por ello es que se aferran y se aferrarán a las mismas actuaciones que ya realizaron, bajo la tesis de que no tienen nada de que arrepentirse. El resultado de su trabajo fue negativo como se pudo comprobar al final de cuentas con la resolución «in extremis» de la Corte de Constitucionalidad que se tuvo que convertir en garante de la institucionalidad mediante una resolución que obliga a enmendar todo el procedimiento. Y al paso que van las cosas, no será remoto que la misma CC tenga que actuar de manera directa, posiblemente ante algún amparo interpuesto por particulares, para ordenar la inhibitoria de los postuladores que se nieguen a declinar en ese papel.