La postulación de aspirante a Fiscal General, un proceso crucial en la lucha contra la impunidad que estuvo viciado desde el inicio, y una decisión errónea del jefe del Ejecutivo, al nombrar a Conrado Reyes como jefe del Ministerio Público despertaron serias dudas sobre el compromiso del Estado de Guatemala con la justicia.
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La comisión de postulación a Fiscal General eligió a aspirantes no idóneos para el cargo, luego el presidente ílvaro Colom seleccionó a Conrado Reyes Sagastume, pese a los señalamientos en su contra por el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana, quien renunció a su puesto presionado por grupos de poder aunque finalmente la elección del jefe del Ministerio Público se anuló.
En una serie de sucesos relacionados con la justicia, el Estado se dejó ver con serias debilidades en la lucha contra la impunidad, debido a los intereses de grupos particulares que ostentan el poder.
Esto fue evidente en la conferencia de prensa del pasado jueves, cuando el presidente ílvaro Colom dijo sentirse satisfecho con la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que ordenó repetir el proceso de elección de Fiscal General, pese a que sólo un par de semanas atrás, el mandatario había nombrado en ese cargo al abogado Conrado Reyes.
El motivo, explicó Colom, fue que el jefe de la CICIG, Carlos Castresana, le entregó pruebas que daban cuenta de que personas involucradas con ilícitos rodeaban a Reyes Sagastume.
«De haber conocido antes esas pruebas, no hubiera elegido (a Conrado Reyes)», reveló Colom, al tiempo que anunció el deseo de Castresana de realizar una conferencia de prensa para hacer públicas las evidencias que le presentó.
Sin embargo, la reacción del Presidente frente a su error fue tardía, pues para entonces, el nombramiento que hizo ya había perjudicado a la presencia de la CICIG en el país, pues según Castresana, tras el nombramiento del Fiscal General, se pretendía bloquear procesos de alto impacto que la fiscalía de la instancia internacional tiene a su cargo.
El resultado de que una persona no idónea llegara a ser un aspirante a jefe del Ministerio Público y su designación como Fiscal tuvo un alto costo para el Estado, que dejó ver que su compromiso con la justicia aún no ha sido asimilado.
Las repercusiones, a nivel internacional, fueron también serias. Las Naciones Unidas manifestaron su satisfacción por el trabajo de Castresana, al tiempo que la sociedad civil se manifestó en contra de quienes presionaron la renuncia del jurista español por medio de una campaña de desprestigio.
COMPROMISO
Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, señaló que de acuerdo al convenio internacional suscrito entre la CICIG y el Estado Guatemala, ambas partes asumieron un compromiso con la justicia guatemalteca.
No obstante, el Estado mantiene una actitud pasiva o permisiva a grupos que se empeñan en obstruir los procesos de alto impacto que marcan el rumbo de la justicia guatemalteca, señaló un activista por los derechos humanos, quien pidió no ser citado.
Esto, en referencia al ya anulado nombramiento de Conrado Reyes por el presidente Colom, sobre el cual refiere que, «pese a que a todas luces se sabía que había vicios en el proceso de postulación, se nombró al funcionario». «Se puso en riesgo varios procesos de justicia y las relaciones diplomáticas con países amigos».
«Incluso, parte de la inestabilidad dentro de la CICIG se debió a ese error. Es algo que no se puede tolerar», señala.
Pese a que el proceso de elección de Fiscal reinicia, Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, sostiene que no se deben repetir los errores en el nuevo proceso de postulación y menos aún en la selección del Presidente del nuevo jefe del Ministerio Público.
La Convergencia por los Derechos Humanos, un colectivo que agrupa a varias organizaciones de la sociedad civil, ahora exige que la elección se repita, para lo cual exige que se inhiba a los integrantes de la comisión postuladora. ¿Repetir el proceso con los mismos postuladores, tendrá algún sentido?, se preguntan.