La consulta popular para la aprobación de una Asamblea Constituyente, que se celebrará el próximo 15 de abril en Ecuador, abre un período de alrededor de año y medio en que los ecuatorianos tendrán que ir a las urnas entre cuatro y cinco veces.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió que la consulta popular para la Asamblea Constituyente será el próximo 15 de abril, tras conocer la resolución aprobada hoy en el Congreso, que dio vía libre al plebiscito.
La primera de las votaciones será la propia consulta popular, en la que los ecuatorianos decidirán, dentro de dos meses, si quieren que haya una Asamblea Constituyente de plenos poderes que redacte una nueva Carta Magna.
Según las encuestas, un 77 por ciento de los ecuatorianos son partidarios de la Constituyente, por lo que la segunda asistencia a las urnas sería para elegir, probablemente entre junio y julio, a 130 asambleístas, que deberán instalarse entre agosto y septiembre.
La Asamblea tendrá un plazo de seis meses, ampliable en otros dos, para redactar una nueva Constitución, de la que el Gobierno del presidente Rafael Correa, que la promueve, aún no ha dado un esbozo.
Correa tiene previsto encargar a un grupo de once juristas de diferentes universidades la redacción de un borrador de Constitución para que sirva de base a la discusión, pero el Gobierno ha advertido que la Asamblea estará abierta a todas las propuestas.
Una vez que, probablemente entre marzo y mayo de 2008, la Asamblea apruebe la nueva Carta Magna, la propia resolución aprobada hoy exige que se ratifique en referéndum, que sería la tercera votación.
Aunque en su resolución el Congreso señala que la Constituyente tendrá que respetar los resultados de las pasadas elecciones y, en consecuencia, se supone que no podrá disolver la Cámara o destituir al presidente, previsiblemente, tendrá que haber al menos una cuarta votación para designar un nuevo Parlamento.
Pese a lo estipulado por los diputados, es improbable que en el nuevo texto constitucional, el Congreso, que apenas tiene un tres por ciento de apoyo popular, no cambie sustancialmente.
También es posible que la Constituyente decida, por medio de la Carta Magna, unas nuevas elecciones presidenciales, que Correa se ha mostrado dispuesto a aceptar y que, de producirse, serían la quinta votación, después de mayo del año próximo.
Este panorama de votaciones ha llevado a que algunos grupos, en especial los que apoyan al presidente y que con mayor fuerza respaldan la Asamblea Constituyente, se mantengan en campaña permanente para buscar unos buenos resultados.
El propio Correa, cuyo grupo no se presentó a las elecciones legislativas de octubre pasado al considerar al Congreso «nido de la partidocracia», a la que achaca los males del país, no ha dejado de atacar a sus rivales desde que fue elegido.
Hoy mismo, tras conocer la decisión del Congreso de aprobar la consulta, el presidente dijo que, «ahora que se ha dado paso a la Asamblea Nacional Constituyente, invito al pueblo ecuatoriano a cumplir con su parte de la historia, aplastando contundentemente en las urnas a las mafias políticas».
Correa citó como «mafias políticas» al Partido Reformista Institucional de Acción Nacional (PRIAN), la principal fuerza en el Parlamento; al Partido Social Cristiano (PSC), que era la primera fuerza política hasta las elecciones de octubre pasado, y a la Sociedad Patriótica (PSP), del ex presidente Lucio Gutiérrez.
Gutiérrez, que contra los pronósticos consiguió el segundo grupo parlamentario en las pasadas elecciones, con 24 de cien diputados, tampoco se ha quitado la camisa roja que simboliza al PSP y no ha dejado de recorrer el país haciendo proselitismo.
El multimillonario populista de derecha ílvaro Noboa, líder del PRIAN, y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el dirigente socialcristiano más reconocido, parece que también quieren mantener su influencia y se han reunido con Gutiérrez para hablar de la Asamblea.
Así las cosas, el panorama político anuncia tensiones, lo que unido a la incertidumbre económica creada entre los empresarios por el Gobierno, de tendencia izquierdista y proclive a una política que favorezca a los sectores sociales más débiles, puede ser un preludio de inestabilidad, al menos a medio plazo.