La iglesia Católica costarricense promueve un referéndum para que la población decida si acepta las uniones legales de los homosexuales en Costa Rica, donde el catolicismo es religión de Estado y la población se declara mayoritariamente seguidora de este credo.
La polémica está creciendo después de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) diera el visto bueno a esta consulta promovida por la iglesia Católica a través del denominado Observatorio Ciudadano -que agrupa a una nebulosa de personas defensoras del matrimonio y la familia tradicionales.
Si los promotores cumplen todos los requisitos, sobre todo el de recabar la firma de al menos 136.750 personas –el 5% del padrón electoral– antes del 15 de junio, la consulta se realizaría el próximo 5 de diciembre, fecha de las elecciones municipales.
La posibilidad de que las personas del mismo sexo establezcan uniones civiles está contemplada en un proyecto de ley que se presentó ante la Asamblea Legislativa en el 2008.
En él, los homosexuales exigen que la ley les reconozca derechos gananciales con sus parejas, herencias, derecho conjunto al Seguro Social, pensión y otros derechos de los que gozan las parejas heterosexuales.
El problema de fondo está en si una mayoría puede decidir sobre los derechos de una minoría, máxime en un estado confesional donde la mayoría se declara católica o seguidora de las influyentes iglesias cristianas, que han llegado hasta el Parlamento.
«Es complicado. Me inclino porque los derechos de las minorías no se pueden someter a referéndum, pero lo que el TSE argumenta es que los derechos de la mayoría no se pueden coartar por los derechos de las minorías», explica el sociólogo Carlos Sojo.
Tampoco hay ningún impedimento explícito en la ley sobre referéndum de que se someta a plebiscito un asunto de derechos humanos, recuerda Sojo.
Pero lo que ha puesto en evidencia esta polémica, según Sojo, es el debate «no resuelto alrededor del carácter laico del debate político».
«Tenemos un nivel de intervención de los asuntos católicos en los asuntos políticos muy grande», lo que, a su juicio, «distorsiona el debate político en relación con asuntos de nueva generación, como los derechos de los homosexuales, el aborto terapéutico, la fecundación in vitro», que en Costa Rica está prohibida.
«Yo creo que lo primero que hay que resolver es la consolidación del carácter laico del Estado y no deberíamos aceptar que las convicciones religiosas interfieran en los asuntos públicos», asegura.
Un debate que se antoja difícil si se analiza la proximidad de la nueva presidenta, Laura Chinchilla, una ferviente creyente, con la cúpula de la Iglesia católica.
Antes de llegar a la presidencia, el pasado 8 de mayo, zanjó el debate sobre las uniones civiles de homosexuales que se coló en las últimas semanas de la Asamblea Legislativa anterior, al asegurar que «no es una prioridad» para su gobierno.
El diario La Nación, en su editorial del domingo, se manifestó en contra del referendo y defendió que las «uniones civiles de parejas del mismo sexo no son el matrimonio como lo entendemos hasta ahora y ninguna denominación religiosa está obligada a aceptarlas para efectos de su práctica interna».
La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica también tildó la semana pasada de «discriminatorio» el eventual referendo.
«La convocatoria del referéndum y su eventual realización se constituyen en sí mismo en un acto de discriminación en perjuicio de esta población», dijo la institución.