Desde el nombramiento de Carlos Castresana como jefe en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, esa instancia trazó un nuevo rumbo para la justicia y dejó importantes lecciones a las instituciones de Estado en materia de seguridad y justicia. Ahora, la sorpresiva renuncia del jurista español y los serios señalamientos contra el titular del Ministerio Público transforman radicalmente el escenario de la cruzada contra los grupos paralelos de inseguridad y la sociedad civil se pregunta ¿qué le depara a la CICIG?
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El mismo día que llegue un nuevo delegado de la CICIG -quien será designado por la Organización de Naciones Unidas-, Castresana dejará la institución. Es un hecho y no hay vuelta atrás. Eso lo dejó muy claro el jurista en la conferencia de prensa de ayer.
Lo que todavía es un enigma, y motivo de preocupación para organizaciones sociales, es el futuro de la Comisión; los procesos e investigaciones que sigue en casos de alto impacto, las leyes de seguridad pendientes de aprobar y el acompañamiento de las instituciones de Estado en procesos importantes. ¿Qué va a pasar?
Para Hellen Mack, de la Fundación Myrna Mack, el próximo jefe de la Comisión tendrá un limitado campo de acción mientras continúe el actual escenario político y gubernamental, que obligó a la renuncia de Castresana.
«La renuncia es un mensaje de alerta para todos los guatemaltecos y es que hay altos funcionarios que no tienen la voluntad de luchar contra la impunidad y de acabar con las estructuras paralelas que promueven la violencia y el miedo», lo cual se interpreta como un escenario difícil de asimilar para la CICIG, sostiene la activista.
«Por eso, respaldamos la petición de la CICIG, y exigimos que renuncie el fiscal Conrado Reyes, pues sabemos que su proceder no permite el libre desempeño de la misión internacional», refiere por su lado, Jorge Santos, de la Convergencia por los Derechos Humanos.
«Realmente lamentamos la intromisión de los grupos criminales y las estructuras paralelas que tienen secuestradas a las instituciones de Estado y sobre todo, condenamos la actitud pasiva de los tres organismos estatales frente a esta situación», añade.
En la misma línea, Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, señaló que las primeras acciones de Reyes eran suficientes para «dudar de su compromiso en la causa que une a varios grupos sociales contra la impunidad».
Los analistas coinciden en que la CICIG continuará en Guatemala, pero su desempeño depende del contexto que le ofrezca el Fiscal General, así como de la voluntad que encuentre en los representantes de los organismos de Estado para cumplir con su mandato. De esa forma, la lucha contra la impunidad parece una tarea muy complicada.
LAS NUEVAS METAS
«Aunque la salida de Castresana es algo sorpresivo», Javier Monterroso, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, cree que el titular de la CICIG y su sucesor deberán trabajar en conjunto durante un proceso de transición, para lograr consolidar los avances que ya se han alcanzado.
«La persona que sustituya a Castresana tiene que dar continuidad al trabajo que desde el 2007 se ha realizado en la institución, pero también es muy importante que mantenga la visión de dejar capacidades en las instituciones de seguridad y justicia», señaló.
En ese sentido, Monterroso explicó que, aunque la CICIG ha realizado una excelente labor en casos de alto impacto, todavía no consigue institucionalizar la «lucha contra la impunidad» en el Estado.
A criterio del analista Sergio ílvarez, es de vital importancia que el organismo y el Legislativo acompañen la misión internacional, pues «su papel en la aprobación de leyes de seguridad y justicia es fundamental».
«Castresana recordó ayer que el acuerdo de creación de la Comisión es bilateral. Por eso, sin importar quién sea el comisionado, el Estado de Guatemala debe cumplir con las obligaciones adquiridas», señala.
Esto, porque además de fungir como querellante adhesivo en casos de alto impacto, a través de una fiscalía especial, la CICIG tiene labores más profundas, como el ajuste de un marco jurídico que permita el pleno desarrollo del combate contra la impunidad y el acompañamiento de instancias que necesitan del fortalecimiento institucional
En síntesis, los analistas y activistas por los derechos humanos coinciden en que, a pesar de que Castresana no estará más al frente de la CICIG, esa instancia debe mantener el constante trabajo para la impunidad, aunque la falta de voluntad política del Fiscal General o grupos ocultos haga tropezar a quien tendrá a su cargo la ardua lucha contra la impunidad.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tiene a su cargo importantes casos de alto impacto, desde su instalación en el país, en el 2007. El ex fiscal ílvaro Matus ha sido acusado de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por obstruir las investigaciones en el asesinato de Víctor Rivera. Víctor Rivera, quien fuera asesor del Ministerio de Gobernación a cargo del Comando Antisecuestros durante el gobierno del presidente Berger, asesinado el 7 de abril del 2008. La CICIG fue admitida como querellante adhesivo en este caso en febrero del 2009. Cuatro oficiales de la Policía Nacional Civil son acusados de formar una banda ilícita que ha sido responsable de cometer robos y asaltos organizados. La CICIG es querellante adhesivo en este caso a partir del 31 de julio del 2008. La Sra. Rosalinda Rivera y otros cuatro individuos han sido acusados de trata de personas y conspiración por su participación en una red de adopciones ilegales. La CICIG fue aceptada como querellante adhesivo en este caso el 19 de diciembre de 2008. Doce personas han sido acusadas por su participación en el tiroteo del 25 de marzo del 2008 entre grupos vinculados al narcotráfico en el departamento de Zacapa, Guatemala. Durante dicha matanza once personas fueron asesinadas. El 26 de junio del 2008, la CICIG entró al caso como querellante adhesivo Seis ex oficiales del Departamento Financiero del Ministerio de Defensa Nacional, incluyendo a Enrique Ríos Sosa, han sido acusados de peculado y falsedad ideológica en forma continuada en relación al desfalco de más de 100 millones de dólares del Ministerio de la Defensa Nacional entre el 2002 y 2003. La CICIG fue aceptada como querellante adhesivo en este caso el 7 de abril de 2009. El ex presidente Alfonso Portillo fue extraditado de México a Guatemala el 7 de octubre del 2008 con cargos de peculado en relación con el desfalco de aproximadamente 15 millones de dólares en el año 2001. La corte ha rechazado la petición de la CICIG de entrar como querellante adhesivo. CICIG apeló la decisión y está esperando recibir notificación de la resolución de la Sala de Apelaciones. Una persona está acusada del secuestro, violación y tortura de Gladys Monterroso, la esposa del Procurador de los Derechos Humanos, ocurrido en marzo 2009. CICIG fue aceptada como querellante adhesivo en este caso el 10 de junio de 2009. Eduardo Arévalo Lacs, quien fue el Ministro de la Defensa Nacional y el Ministro de Gobernación durante la administración de Alfonso Portillo, está acusado por su participación en el desfalco de fondos del Ministerio de la Defensa Nacional entre 2002 y 2003. CICIG entró al caso como querellante adhesivo el 6 de julio de 2009.
Nacido en Madrid, España, en 1957, ha sido Abogado entre 1980 y 1985, Magistrado y Juez entre 1986 y 1989, e ingresó por oposición en la Carrera Fiscal desde 1989. Destinado en los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid, y en las Fiscalías Especiales Antidrogas y Anticorrupción, es desde 2005 Fiscal del Tribunal Supremo.
Ha sido experto y ponente en distintas conferencias y misiones de cooperación jurídica con el Consejo de Europa, la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Internacional de Juristas y el Banco Mundial.
Autor de las denuncias originales interpuestas en 1996 en nombre de la Unión Progresista de Fiscales contra las Juntas militares de Argentina y Chile, con las que se inició ante la Audiencia Nacional de España el llamado «Caso Pinochet».
Ha publicado múltiples artículos en diferentes medios de comunicación y publicaciones académicas. Además, ha impartido cursos y congresos en universidades y en otras instituciones de España, Italia, Francia, Bélgica, Portugal, Holanda, Suiza, Alemania, México, Guatemala, Colombia, Estados Unidos (universidades de Yale, Berkeley y Stanford, así como para los Departamentos de Defensa y de Estado), Bolivia, Brasil, Chile y Argentina, tanto en instituciones públicas como privadas.
Profesor Asociado de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor invitado de Derecho Penal Internacional en la University of San Francisco, California, entre 2003 y 2005, donde fue Director de Programas de Derechos Humanos de su Center for Law and Global Justice.
En 1997 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en España, en 1998 fue Visitante Distinguido en Toluca, México; en el mismo año, Visitante Ilustre en la Cámara de Diputados de Buenos Aires, Argentina, y Huésped de Honor y Extraordinario por las universidades de La Plata y Rosario, Argentina; y en 1999 recibió el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Derechos Humanos. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara, México, en 2003. Recibió el Certificate of Honor del City Council of San Francisco, California, en 2004. En 2006, recibió la Medalla de Honor de la Vicepresidencia del Senado de la República de Chile y fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Central de Santiago de Chile.
En Septiembre de 2007, el Secretario General de Naciones Unidas le designó Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, con rango de Subsecretario General de la ONU, cargo que actualmente desempeña.
*Información de www.cicig.org