El proceso de elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones desenmascaró el poder de la red delictiva en el paí­s, y con la elección del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) se nos despejaron las dudas del control que tienen las mafias en las universidades del paí­s y en el propio Gobierno, éste último por designar para el cargo a una persona con señalamientos por tener una relación muy estrecha con personajes buscados por la justicia por los delitos de lavado de dinero, espionaje y otras acciones de igual calibre.

A la última comisión de postulación le dio igual las denuncias que presentaron la CICIG y el movimiento social contra la nómina de candidatos para la jefatura del MP, y aún más al Presidente a la República, que en vez de solicitar que se repitiera el proceso, ungió a uno de los señalados. Una de las peticiones del doctor Castresana al presentar su renuncia, fue la destitución de Conrado Reyes como Fiscal General, ya que representa un peligro para los avances que se han presentado a favor de la justicia.

Y es que para funcionar, el poder oculto, responsable de la situación de violencia e impunidad que impera, ha puesto operadores en todos los espacios, como rectorí­as y decanaturas de la Universidad de San Carlos y las universidades privadas, así­ como en el Gobierno, Congreso y Organismo Judicial.

Además, los partidos polí­ticos, atascados de la peor inmundicia social, han hecho mancuerna con las estructuras paralelas, y esta acción conlleva al mantenimiento de las condiciones que garantizan la impunidad.

Incluso, para difundir el mensaje solapado a favor de esta situación, el crimen organizado cuenta con voceros en los medios de comunicación que publican notas y columnas de opinión en contra de la institucionalidad y del Estado, y en contra del trabajo de la CICIG. Antes se opusieron a la instalación de la Comisión y ahora fueron cómplices de una campaña de desprestigio, basada en chismes, en contra del doctor Carlos Castresana.

Sin embargo, la decisión del jefe de la CICIG no debe leerse como una expresión de debilidad personal y de la institución. Castresana, al renunciar al cargo, quiere evidenciar la falta de compromiso que existe en las autoridades del Estado para con la justicia.

Ojalá y que la decisión del aún jefe de la CICIG ponga en evidencia la verdadera postura de los representantes del Estado, que frente a la población y la comunidad internacional presentan un discurso a favor de la justicia y del avance de la democracia, pero en la realidad reproducen los pactos de impunidad con el crimen organizado.

El Estado de Guatemala debe asumir una postura frente a la grave situación en la que nos encontramos. Y la población, como integrantes de esta estructura social, debemos contribuir a la construcción de una verdadera democracia basada en el principio de la justicia.

Por supuesto que la confianza sigue puesta en los aportes que pueda dar la CICIG a favor de la lucha contra la impunidad. Ahora toca esperar que las nuevas autoridades de esta Comisión tengan el mismo compromiso de las salientes. El trabajo de Carlos Castresana fue, sin duda, una contribución valiosa a la construcción de un mejor paí­s, y por ello, el reconocimiento y las gracias.