Como consecuencia de lo indicado, pienso, y ojalá me equivoque, este gobierno no podrá realizar la reforma tributaria, por varias razones, entre ellas el tiempo corto que le queda, el proceso electoral que está a las puertas, los intereses del sector empresarial, no me refiero a los pequeños y medianos empresarios, sino al núcleo financiero-industrial. Por otra parte, se requiere la capacidad de que el gobierno haga valer el principio del Derecho Financiero llamado «accertamento» o sea la capacidad de, valga la redundancia de imponer impuestos. Además, se ha venido sosteniendo que sobre la base del llamado Pacto Fiscal se hará la Reforma Tributaria, pero resulta que el Pacto Fiscal tiene más o menos diez años de haberse suscrito, un buen documento y actos públicos en que se hizo elogios del mismo, con participación de diversos sectores, gubernativos, «sociedad civil» profesionales, sector empresarial y, especialmente con la intervención de consultores y funcionarios internacionales, dando por resultado, repito excelentes documentos, pero no se ha concretado la reforma al sistema tributario a fondo.

En todo esto hay una maniobra, que en su momento yo llamé perversa, resulta que bajo la presión de las concepciones del neoliberalismo, se limitó la función de banquero del Estado, que se le habí­a dado al Banco de Guatemala, conforme la reforma monetaria y bancaria de los años inmediatos a la Revolución de Octubre, 1944, y mediante una hábil argumentación cual era evitar las emisiones de billetes sin respaldo, (¿) o el fácil endeudamiento del Gobierno y, aprovechándose de la consulta que se hizo para introducir reformas a la Constitución Polí­tica de Guatemala, inmediatamente después de la caí­da del gobierno de Serrano Elí­as, se aprobaron en noviembre de 1993, reformas a la Constitución, entre las que se coló, porque las reformas no iban en esa dirección, una adición al artí­culo 132 con intervención muy decidida del licenciado Lizardo Sosa, la cual prohibió el financiamiento del Banco de Guatemala al gobierno y sus instituciones, se argumentó en esa ocasión que era ara limitar el endeudamiento del Estado, etc., pero el resultado lo tenemos a la vista, el crecimiento de la deuda interna que en aquella oportunidad era de… y ahora rebasa. Y alguien me puede preguntar ¿en qué está lo perverso? Muy sencillo: el Banco de Guatemala ya no otorgó financiamiento al gobierno y sus instituciones, pero se trasladó esta función realmente al sector privado, que desde luego cobra intereses más elevados que los que el Banco de Guatemala cobraba, como puede comprobarse en este momento en que el Ministro de Finanzas ha declarado que, el sector bancario está ansioso, ¡claro! por adquirir los bonos recién autorizados, porque hay exceso de liquidez en los bancos, pero lo que falta interpretar y agregar es que los bancos invertirán en bonos, no su propio dinero, sino el de los depositantes, que seguramente invertirán muchos millones de quetzales del encaje bancario, que su inversión producirá intereses, réditos, que su inversión gozará de una serie de exoneraciones de impuestos, de lo que resulta para el sector de inversionistas forzar, apoyar y aceptar la emisión de bonos, que garantiza ganancias, sin riegos de ninguna especie, el garante es el Estado, no hay gastos administrativos para los inversionistas, no hay que lidiar con usuarios del crédito, mejor invertir en bonos, y lo más importante es más rentable financiar al gobierno, que aceptar la reforma tributaria. Por expresar esto un alto funcionario de gobierno en una ocasión dijo: «Mario Aní­bal está desactualizado, no lee». No obstante que me informo diariamente sobre problemas económicos nacionales e internacionales, sobre historia de Guatemala y problemas de polí­tica nacional, les dedico por lo menos cuatro horas diarias. ¡Ah!, ojalá no se me aplique esa ley, que debiera ser revisada, que criminaliza a quien critique al sistema bancario.