Detienen «a los más morenitos, a los más chaparritos», dice Mariela, nicaragí¼ense de 27 años, sin permiso de trabajo, cuando relata las tres detenciones que sufrió en un año en España, donde el gobierno condena la ley antiinmigración de Arizona y niega que la policía detenga a la gente por sus rasgos faciales.
Para Mariela, es una «mentira» decir que en España «no hay una política indiscriminada de detención de personas por su aspecto físico», como aseguró esta semana la secretaria de Estado española de Inmigración, Anna Terrón.
«Detienen a los más morenitos, a los más chaparritos, por ejemplo, los bolivianos y los ecuatorianos son bajitos y a ellos los detienen a todos», relata Mariela a la AFP bajo un nombre ficticio.
En las tres veces que ha sido detenida durante unos días, no ha «visto que a una persona blanca le pidieran los documentos» y a los latinoamericanos, si no hacen caso al requerimiento de la policía, «los siguen» hasta que enseñan sus papeles, relata esta joven que llegó a España hace algo menos de dos años para trabajar y enviar dinero a su familia.
Efectivos de la policía del «Grupo Operativo Extranjeros» suelen apostarse dentro o fuera de paradas de metro de barrios donde residen inmigrantes para detener a los indocumentados durante un máximo de tres días.
A Mariela la han detenido tres veces en un año en o cerca de una parada de metro y cada vez ha pasado entre 12 y 48 horas en las celdas de la comisaría de policía de Aluche (sur de Madrid).
«Te quitan los cordones de los zapatos, los aretes, el sostén, te revisan, te dicen que te bajes tus bragas, te guardan tus cosas» y en una de las seis u ocho celdas «te juntan con delincuentes, ladrones, drogadictos…», relata.
La detención termina al llegar el abogado de oficio y el inmigrante recibe una carta en la que la policía recomienda al juez la expulsión por «indocumentado».
Pero para que esa carta no termine en orden de expulsión, en los siguientes tres meses se puede pedir pagar una multa, como hizo Mariela, que relata que en la comisaría se ha encontrado con personas a punto de ser expulsadas porque recibieron la orden, pero no se enteraron y no apelaron.
La comisaría de Aluche está conectada con el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital española, uno de los nueve centros de detención existentes en España para «sin papeles», que pueden estarlo hasta 60 días, y después tal vez ser expulsados.
Organizaciones no gubernamentales han denunciado en ellos malos tratos y Paraguay criticó hace unos meses que a sus nacionales detenidos se les negaba la atención consular.
El metro no es el único lugar donde se hacen redadas policiales: a su hermana la detuvieron en un locutorio telefónico, frecuentados por inmigrantes, y los agentes también entran en locales de asociaciones de estos colectivos y en «discotecas latinas», de donde se llevan a los indocumentados en «microbuses».
La secretaria de Estado de Inmigración reconoció esta semana que en España se «expulsa» a inmigrantes irregulares, pero estimó que «lo razonable es hacerlo cuando detectas la entrada de las personas» en el país y no cuando ya están instaladas.
Mariela casi se expone a esto, ya que al llegar a España también fue detenida durante dos días en el aeropuerto a pesar de que tenía el visado de turista y todos los requisitos que pide la Unión Europea (UE): salió gracias a las gestiones del consulado de su país.
Terrón, que condenó la ley de control de la inmigración ilegal del Estado estadounidense de Arizona (limítrofe con México) por estimar que «no soluciona nada» y «va a generar tensiones sociales».
Pero el año pasado, varias asociaciones se querellaron contra el ministerio del Interior por estas redadas y sindicatos de policías denunciaron que se les imponían cupos de detención de inmigrantes ilegales.
El número de irregulares expulsados aumentó tras la avalancha de llegadas de extranjeros en 2006 pero el año pasado bajaron un 18%, hasta 38.000, debido al menor número de llegadas por la crisis.
Y ello en un país con un 12,2% de población extranjera, es decir 5,7 millones de un total de 47 millones. Un 26,6% de los extranjeros son latinoamericanos (1,45 millones), la mayor comunidad no europea, según cifras oficiales.