Porque resulta que tras el drama y el sufrimiento del pueblo por la falta de prevención en estas catástrofes, algunos funcionarios se aprovechan para engordar la billetera al robarse recursos que se aprueban con criterio de emergencia (lo que significa generalmente menos controles), y hace obra chapucera que se vuelve a destruir con las primeras lluvias, como se demostró ahora que el afortunadamente rápido paso de una tormenta nos dejó con una enorme secuela de daños. Es inaudito que, como dijo ayer el Presidente, los daños sean idénticos y afecten hasta a las mismas personas. í‰l recordó a una mujer que vio después de la tormenta Mitch, hace doce años, sufriendo lo mismo que en aquel tiempo, lo cual indica que no hubo ningún esfuerzo serio entonces y luego con el Stan, para corregir las situaciones de mayor vulnerabilidad. Reconstruir no puede ser simplemente devolver las cosas al estado en que se encontraban antes de la tragedia, sobre todo si eso es garantí­a de que el desastre se volverá a repetir. Es preciso que se adopten medias para mitigar el riesgo, entendiendo por supuesto que el mismo tiene estrecha relación con las deficiencias estructurales de nuestra sociedad y los altos í­ndices de pobreza. Tras la tormenta Stan el Gobierno comisionó al personero de la presidencia Roberto González Dí­az Durán para coordinar el programa de reconstrucción y a partir de allí­ debiéramos empezar el proceso de auditorí­a para determinar qué ocurrió y por qué los mismos poblados y las mismas obras volvieron a colapsar. Determinar por qué el paí­s no mejoró ni un ápice en cuanto a su vulnerabilidad frente a los desastres y establecer un principio de rendición de cuentas que buena falta nos hace como Nación porque no puede ser que aquí­ el desastre sea huérfano mientras aún el más mí­nimo acierto reclama aplausos a granel. En cualquier paí­s del mundo los funcionarios son responsables por lo que se haga mal o por lo que se deje de hacer y tienen que asumir su responsabilidad no sólo histórica sino que en muchos casos penal cuando hay motivo para ello. Además, existe la responsabilidad civil que obliga a reparar daños e indemnizar a los ciudadanos que sufren por efecto de la incapacidad, la desidia, la corrupción o simplemente la tonterí­a de un funcionario público. Si no establecemos ejemplares medidas para evitar que una tragedia se convierta en oportunidad para que se armen algunos funcionarios públicos con el dinero que el pueblo necesita hasta para lo esencial, nunca saldremos de la condición de extrema vulnerabilidad actual. Eso ya ocurrió con anteriores desgracias y los que hicieron su agosto no sólo están campantes sino gozando de la fortuna mal habida que llora sangre porque condenó a miles de personas a persistir en las mismas condiciones de riesgo que ya una vez les arrebataron vidas, propiedades y esperanza.