Traslado de presos polí­ticos aviva reclamo por liberaciones


Un niño cubano utiliza su teléfono móvil, junto a un cartel del ex presidente Fidel Castro. FOTO AFP

La oposición cubana y la Iglesia Católica avivaron el miércoles su demanda de liberación de presos polí­ticos, tras acoger como primer gesto del Gobierno de Raúl Castro, esperanzador pero aún incompleto, el traslado de prisioneros a cárceles de sus zonas de residencia.


Como logro de un inédito diálogo entablado por el Gobierno con la Iglesia, seis reos polí­ticos fueron llevados el martes a centros penitenciarios en las provincias donde viven sus familias, en el inicio de un proceso que debe abarcar 17 traslados, según lo estimado por la disidencia.

La disidencia y la Iglesia esperan también que los prisioneros más enfermos, de unos 25 que la oposición estima tienen problemas de salud, sean atendidos en hospitales, como se comprometió Raúl Castro cuando se reunió hace dos semanas con el cardenal Jaime Ortega y el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Dionisio Garcí­a.

«Estamos llenos de esperanza. Son las expectativas normales porque el trabajo está en esa lí­nea, con un diálogo sano, en que se puede llegar mucho más lejos de lo que estamos viendo, que ya es un buen paso», comentó a la AFP Jorge Serpa, obispo de Pinar del Rí­o (oeste), a cargo de la Pastoral Penitenciaria.

Por primera vez en cuatro años en la presidencia, Raúl Castro se sentó con la jerarquí­a católica el 19 de mayo a hablar de los problemas del paí­s, incluso el espinoso tema de los presos, en momentos en que enfrenta crí­ticas de Estados Unidos y Europa por la situación de los derechos humanos en la isla.

Las crí­ticas fueron desatadas por la muerte del preso opositor Orlando Zapata el 23 de febrero -tras una huelga de hambre de 85 dí­as-, y el ayuno del sociólogo disidente Guillermo Fariñas, de 48 años.

Los seis prisioneros reubicados, con penas de entre 18 y 25 años, son parte de los 53 opositores aún en prisión de los 75 condenados en juicios sumarios en 2003, en la llamada «primavera negra» por la que la Unión Europea impuso sanciones contra Cuba, levantadas en 2008.

Tres de ellos fueron llevados a cárceles y los otros a campamentos de reclusión bajo régimen de confianza, según la oposición.

«Es un paso importante, pero insuficiente», dijo el martes Fariñas, quien el jueves cumple 100 dí­as de huelga de hambre en reclamo de la liberación de los presos enfermos, desde el hospital donde está ingresado en la central ciudad de Santa Clara.

Tras la conmoción inicial, las Damas de Blanco, esposas de los 75, se dicen a la espera de que se completen los traslados, sin ocultar su esperanza de que Raúl Castro vaya más allá.

«Se ha empezado a abrir la puerta», dijo Berta Soler, una de las dirigentes del grupo, en tanto que otra activista, Julia Núñez, consideró los traslados como una «luz al final del túnel».

Las Damas de Blanco, único grupo opositor al que el Gobierno tolera manifestarse en público, seguirán caminando por La Habana «hasta lograr la liberación de nuestros presos», afirmó Laura Pollán, lí­der del grupo.

«Pedimos la liberación, pero este es un primer gesto positivo del Gobierno y un éxito de la Iglesia. Esperanzador», opinó Oscar Espinosa, uno de los 75, excarcelado en 2004 por enfermedad.

Pero un sector de la oposición minimiza las mejoras para los presos. «Es algo humanitario, porque beneficia a los familiares de los prisioneros, pero lo que necesitamos en un gesto polí­tico: que los liberen a todos», afirmó Martha Beatriz Roque.

«Hay cierto alivio para los familiares, pero lo realmente importante serí­a la excarcelación incondicional de todos. El Gobierno hasta ahora está concediendo puras migajas», dijo Elizardo Sánchez, presidente de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos (CCDHRN).

Una eventual liberación de prisioneros podrí­a hacer a Fariñas desistir de la huelga de hambre para facilitar las gestiones de la Iglesia.

La CCDHRN estima que en Cuba hay unos 200 presos polí­ticos, pero el Gobierno, que acusa a los opositores de «mercenarios» de Washington, sostiene que atentaron contra la seguridad del paí­s.