Al consejo para la elección del director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), parece ser que no le fueron suficientes las pruebas de descargo presentadas por los 13 aspirantes que habían sido excluidos preliminarmente, de los cuales solamente uno logró defender su candidatura y continuar en el proceso de calificación.
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De los 13 candidatos que estaban fuera por no presentar los requisitos de forma establecidos para dirigir el IDPP, solamente 12 presentaron pruebas de descargo, pero al parecer la mayoría no fue capaz de convencer a los miembros del consejo y solamente Rigoberto Vargas Morales quedó incluido en el listado oficial de los aspirantes.
El listado ahora queda con 30 abogados dispuestos a dirigir a la defensa pública penal del país y en los próximos días los miembros de la sociedad civil tendrán que presentar las tachas en contra de los candidatos para comenzar a evaluar la honorabilidad para el cargo.