El asesinato de campesinos indígenas en Panzós fue una violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un acto de barbarie ultrajante para la conciencia humana y anuló el respeto que debía tener el Estado guatemalteco hacia los derechos y libertades de sus ciudadanos.
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Diversas organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, universitarias, profesionales, y otras de carácter popular condenaron la acción en desplegados que dieron a conocer en los medios informativos. A pesar de la censura ejercida contra la Prensa (muchos periodistas, entre ellos Mario Monterroso Armas, habían sido asesinados, secuestrados o amenazados) la indignación alcanzó niveles tan amplios que los periódicos, radioperiódicos y televisión, dieron a conocer las protestas de los sectores indignados. La noticia de la matanza consternó al pueblo guatemalteco, de tal manera que una manifestación que llevó a cabo la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), para protestar por este hecho y conmemorar un año del asesinato del abogado Mario López Larrave, fue masiva. El primero de julio de 1978 la junta directiva de la Facultad de Ciencias Sociales de la Usac declaró: «El envenenamiento de la mentalidad del personal operativo de los destacamentos armados del Estado por instructores nacionales y extranjeros, cobra un sangriento saldo contra el pueblo de Guatemala, sólo comparable con las matanzas del nacismo y del fascismo durante la II Guerra Mundial». Los hechos de Panzós demostraron la unión de intereses del gobierno guatemalteco, junto a civiles y altos oficiales. El general Lucas García «ante una conferencia de Prensa que se transmitió por televisión tartamudeó y no acertó a negar cuando un corresponsal extranjero le preguntó por las 1,017 caballerías (unas 46 mil hectáreas) que posee en el norte del país». El gobierno de Guatemala -que presidía el general Kjell Laugerud- no pudo iniciar una acción jurídica contra los asesinos de Panzós, pues era parte de los grupos paramilitares que había creado como el Movimiento de Acción Nacionalista Organizado (MANO) el Consejo Anticomunista de Guatemala (CADEG), El Buitre Justiciero, El Escuadrón de la Muerte, La Banda del Rey, y otros. Todos inventados por los cuerpos de seguridad para intensificar la represión. En México, además de organizaciones como la Agrupación Guatemalteca Democrática en México (AGDM), el Comité Guatemalteco de Lucha por la Paz, se expresaron contra el crimen, la Cámara de Diputados y el Comité Italiano de Solidaridad con Guatemala, y en América Latina la Asamblea Legislativa de Costa Rica «acordó por unanimidad condenar la masacre de Panzós». El corresponsal en Guatemala del diario mexicano Excélsior, se refirió al hecho de que algunas organizaciones de Guatemala habían denunciado «posibles conexiones» del crimen con otros asesinatos masivos ocurridos en Guatemala, así como en El Salvador (Perulapan, Aguilares y Chalatenango), Honduras (Olancho) y Nicaragua (Monimó y Estelí)». La reseña de lo sucedido en Panzós (aunque los criminales no han sido juzgados) no significa volver al pasado. Es el conocimiento de una realidad que no debe volverse a presentar. Especialmente desde la firma de los Acuerdos de Paz y cuando en la actualidad, mujeres y hombres en Guatemala hacen esfuerzos para decidir sus vidas buscando alternativas por medio de la negociación. Esto se debe a los esfuerzos para que prevalezca el ejercicio de la democracia. Este aspecto señala que no debe ocurrir nunca más una masacre como la de Panzós (Final).
Nota. La información general de los tres artículos fue obtenida del ensayo Panzós, genocidio en Guatemala, de Carlos Cáceres R, que en 1979 obtuvo el primer lugar del premio de investigación científica, área social, convocado por la revista Punto de Partida y la Dirección de Difusión Cultural. Ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México.