El juicio contra los 29 acusados por los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en la capital española reivindicados por Al-Qaeda, la peor tragedia terrorista que enlutó a España (191 muertos y 1.824 heridos), comenzará el jueves en Madrid y se prolongará hasta julio.
La justicia española ultimaba hoy los preparativos de este mega-juicio que se desarrollará en un recinto anexo de máxima seguridad de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, ubicado en el parque de la Casa de Campo, oeste de la ciudad.
El juez instructor Juan del Olmo atribuyó estos atentados a una célula inspirada en la red Al-Qaeda a la que está vinculado el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), movimiento de ideología salafista fundado por ex combatientes marroquíes en Afganistán.
Quince marroquíes, nueve españoles, dos sirios, un egipcio, un argelino y un libanés se sentarán en el banquillo de los acusados, ante un tribunal presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez.
Según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, los atentados del 11-M fueron cometidos por la «intervención de España en Irak», a donde el gobierno del conservador José María Aznar (1996-2004), firme aliado del presidente estadounidense George W. Bush, envió más de un millar de soldados.
El «detonante final» para la ejecución de los ataques fue una intervención de Osama Bin Laden en el canal de televisión qatarí Al Yazira el 18 de octubre de 2003 tras la invasión de Irak.
Justamente la «onda expansiva» de esos ataques alcanzó de lleno el mapa político español, pues en las elecciones legislativas celebradas tres días después de los atentados, lapso durante el cual el gobierno de Aznar insistía -hasta ahora- en que detrás del ataque estaba ETA, los españoles eligieron inesperadamente al candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Luis Rodríguez Zapatero, cuya primera decisión fue repatriar a los soldados españoles de Irak.
La tragedia del 11-M, como la prensa española se refiere a estos ataques, fue la peor cometida en Europa desde la de Lockerbie (Escocia, 270 muertos) y una de las reivindicadas por Al-Qaeda en Occidente que más víctimas provocó, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos (2.978 muertos).
De los 29 acusados, siete podrían ser condenados en total a penas superiores a los 270 mil años de cárcel, aunque en España la pena máxima efectiva de prisión es de 40 años por delitos terroristas.
Sólo tres de los 13 procesados que presuntamente colocaron las bombas en los trenes estarán presentes en el banquillo: los marroquíes Jamal Zougam y Abdelmajid Bouchar y el sirio Basel Ghayloun.
Los otros siete se suicidaron con explosivos el 3 de abril de 2004 en un apartamento en la periferia sur de Madrid, cuando estaban cercados por la policía. Tres están prófugos de la justicia.
Los otros acusados principales son tres de los cuatro presuntos «cerebros».
Uno de ellos, «El tunecino» Serhane ben Abdelmajid Fakhet, se inmoló en Leganés. Los otros son: Rabei Ousmane Sayed Ahmed, alias «Mohamed el egipcio», que se vanaglorió de los atentados durante conversaciones interceptadas por la policía; el marroquí Youssef Belhadj, sospechoso de ser «Abu Doujanah el afgano», que aparece en un video reivindicando los atentados en nombre de Al- Qaeda; y el marroquí Hassan al Haski, presunto dirigente del GICM, «filial» de Al-Qaeda, implicado en los atentados de mayo de 2003 en Casablanca (Marruecos, 45 muertos).
El resto está acusado de presuntos miembros o colaboradores de la célula islamista, reclutados entre pequeños delincuentes marroquíes y españoles involucrados en el robo de explosivos.
Diez bombas -de las 13 colocadas- estallaron el jueves 11 de marzo de 2004 entre las 07:37 de la mañana en cuatro trenes suburbanos repletos de obreros y estudiantes que se dirigían desde Alcalá de Henares (este) hasta la estación madrileña de Atocha.
Más de 600 testigos comparecerán en las tres audiencias semanales que tendrán lugar hasta julio próximo, y para las que están acreditados más de 140 periodistas españoles y extranjeros. La sentencia será anunciada en octubre.