Los diputados españoles aprobaron hoy por un solo voto el impopular plan de austeridad del gobierno socialista, tras un debate revelador del profundo aislamiento de José Luis Rodríguez Zapatero que salvó su cabeza con lo justo.
Apenas un voto de diferencia (169 votos a favor, 168 en contra y 13 abstenciones) permitió adoptar el decreto ley del gobierno que incluye una reducción del salario de los funcionarios desde junio y el congelamiento de las pensiones en el 2011 para acelerar la reducción del déficit público del país.
El gobierno socialista, que había jurado no tocar jamás las conquistas sociales, se vio obligado a anunciar estas medidas bajo presión de los mercados y de sus socios europeos.
Calcula economizar 15 mil millones de euros en 2010 y 2011 para acelerar la reducción del déficit público, que llegó hasta 11,2% del PIB (Producto Interior Bruto) en 2009 y que quiere llevar a un 3% en 2013.
Un resultado negativo habría provocado probablemente la caída de Zapatero y hubiese tenido repercusiones desastrosas para España y la Eurozona por parte de unos mercados financieros ya extremadamente nerviosos.
El índice Ibex-35 de los principales valores de la bolsa de Madrid aumentaba sus ganancias el jueves hacia las 14h30 GMT subiendo un 3,1% hasta situarse en los 9.323,2 puntos, con todos los valores registrando avances, siguiendo la estela del resto de mercados europeos y Wall Street.
El influyente diario El País (centro-izquierda) describía esta votación de tan importante que «una derrota del gobierno supondría (…) el final abrupto de la legislatura», mientras que el diario de derechas ABC clamaba en su portada la «necesidad nacional» de elecciones anticipadas.
«Estas medidas son dolorosas, pero indispensables», declaró antes de la votación la ministra de Economía y Finanzas, Elena Salgado, ante un parlamento completo.
Solo los diputados socialistas, que no tienen mayoría absoluta, aprobaron el texto.
Los demás grupos parlamentarios votaron en contra –como el Partido Popular (PP, derecha), hostil al congelamiento de las pensiones, o los ecologistas comunistas, que protestan la reducción de los salarios de funcionarios– o se abstuvieron.
En efecto, el texto pasó gracias a la abstención de los 10 diputados nacionalistas catalanes de Convergencia i Unio (CiU), que se jusfificaron por el sentido de la «responsabilidad».
«Todo el mundo sabe qué sucedería si el gobierno no tuviera capacidad de aprobar este decreto ley (…), los mercados provocarían una caída importante de nuestra bolsa, los mercados castigarían nuestra deuda y sería más difícil emitir deuda pública. Nuestra responsabilidad es que España no caiga en un pozo más profundo. No quiero que España sea intervenida como Grecia», afirmó el secretario general de CiU, Duran i Lleida.
Pero el líder de los nacionalistas catalanes hizo pagar cara su abstención a Zapatero, que siguió el debate abrumado en su sillón, con el rostro ilustrando la gravedad de la situación.
«Su etapa está ya finiquidada, no convoque elecciones ahora porque lo peor que prodría llevar a este país en plena crisis economica (…) es quedarnos sin gobierno», añadió.
«Hagan los deberes que le imponen desde fuera y cuando lleguen los presupuestos y no pueda sacarlos adelante, convoque elecciones, que es lo que espera y necesita este país», concluyó.
Entre los malos augurios para Zapatero destaca el que los diputados del Partido nacionalista vasco (PNV) votaron contra su decreto ley, cuando fue esa fuerza la que le permitió al gobierno aprobar sus anteriores presupuestos.
En caída libre en la opinión pública, según un sondeo reciente, Zapatero se abocará ahora a la reestructuración de las cajas de ahorro en mala situación por el estallido de la burbuja inmobiliaria y a una delicada reforma del mercado laboral, que lo llevó a anular un viaje previsto a Brasil.
Un nuevo momento de tensión se vislumbra ya en el horizonte cercano, porque los sindicatos convocaron a una huelga de funcionarios el 8 de junio y no excluyen una huelga general.