La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció ayer que vetará un polémico aumento de salarios que los diputados aprobaron para sí mismos y que levantó un generalizado repudio, lo que llevó a la bancada oficialista a desistir de la iniciativa.
En una nota enviada a los jefes de bancadas de los partidos en el Congreso, Chinchilla afirmó que decidió «vetar esta ley si llegara a ser para mi firma», lo que llevó a los diputados oficialistas a desistir del aumento, haciendo fracasar la iniciativa.
Días antes Chinchilla había dicho que no se opondría al alza salarial, apoyada por 21 de 23 diputados de su Partido Liberación Nacional (PLN, socialdemócrata), si era financiada con recortes en otros rubros, sin elevar el gasto público, pues el país encara un elevado déficit fiscal.
Horas más tarde del anuncio de la presidenta, la jefa de la bancada oficialista, Viviana Martín, anunció que los diputados del PLN, primera fuerza en el Congreso unicameral de 57 miembros, no darán sus votos para aprobar la iniciativa, lo que implica que quedará archivada.
La iniciativa de subirse el sueldo en más de 70%, a unos 8.000 dólares al mes, había consumido los esfuerzos de los nuevos diputados desde que ocuparon sus escaños el 1 de mayo, una semana antes de que asumiera Chinchilla.
«El proyecto de ley, tal como fue aprobado, genera un efecto adicional secundario, incidiendo en las pensiones de los ex presidentes de la República», lo cual supone un «incremento presupuestario significativo», señaló Chinchilla.
Además, la ley supondría beneficios extraordinarios «para esta servidora una vez que concluya su gestión y asuma la condición de ex presidenta», lo que constituye una razón adicional para vetarla, añadió Chinchilla en su carta.
Martín justificó la marcha atrás del PLN para que no se «expusiera» a la mandataria a acciones legales en su contra, debido a que la ley elevaría la pensión que ella recibirá en el futuro como ex presidenta.
La ley costarricense prohíbe que un funcionario dicte leyes en beneficio personal y las pensiones de los ex mandatarios se fijan de acuerdo a los sueldos de los diputados.
El Ministerio de Trabajo determinó que los ajustes a las pensiones de siete ex presidentes costarían tres millones de dólares adicionales anuales.
En tanto, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, lamentó que fuese derogada en los años 80 una norma que establecía que las alzas de salario de los diputados regirían en la siguiente legislatura. En Costa Rica está prohibida la reelección de parlamentarios.
«Había una norma constitucional que decía que los aumentos de salarios de los diputados regirían para los que entraran en el siguiente periodo (…). Yo creo que fue desafortunado eliminar esa norma constitucional, porque era un sistema correcto», dijo Sobrado a periodistas este miércoles.
«No hay cosa más complicada, desde muchos puntos de vista, que decidir el propio salario. Por dicha yo no tengo que hacer eso», agregó el jefe del tribunal electoral, un poder autónomo del Estado.
El proyecto había sido aprobado el lunes en primer debate en una votación 35 a 20 pero, como toda ley en Costa Rica, requería ser aprobado en un segundo debate en el Congreso.