Latinoamérica logró avances en la lucha contra la impunidad en 2009, con condenas históricas como la del ex mandatario peruano Alberto Fujimori, pero la justicia siguió siendo esquiva a los más vulnerables, en particular las mujeres, señaló hoy Amnistía Internacional (AI).
«Pese a los avances registrados en un número considerable de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, los obstáculos jurídicos, jurisdiccionales y políticos que contribuían a perpetuar la impunidad en la región siguieron siendo muy importantes», afirmó AI en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
La condena de Fujimori, en abril de 2009, a 25 años de cárcel por una serie de graves violaciones de los derechos humanos cometidas en 1991, «mostró por fin a toda la región que nadie estaba por encima de la ley», agregó la organización establecida en Londres.
Las penas de prisión impuestas al dictador uruguayo Gregorio Alvarez (1981-1985) por el homicidio de 37 activistas en Argentina en 1978 y, más recientemente, al último dictador argentino, Reynaldo Bignone (1982-83), por delitos de lesa humanidad, fueron otros casos significativos.
Pero en algunos países, como Brasil, Uruguay o El Salvador, las leyes de amnistía siguieron obstaculizando iniciativas para investigar, juzgar y condenar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los regímenes militares que imperaron entre 1960 y mediados de los 1980.
Tras la confirmación en abril por la Corte Suprema de una amnistía para los represores de la dictadura (1964-85), «Brasil es prácticamente el único país de la región que no ha enfrentado su pasado», dijo Susan Lee, directora del programa América de AI, subrayando la «contradicción» entre esta falta de búsqueda de justicia y el papel protagónico que Brasil está asumiendo en el escenario internacional.
Uno de los mayores retrocesos en el continente el año pasado fue el golpe de Honduras, durante el cual «ocurrieron graves violaciones de los derechos humanos que hasta hoy no han sido investigadas y mucho menos castigadas».
Junto a las iniciativas gubernamentales, destacó el «rol importante» que desempeñó la justicia internacional en la lucha contra la impunidad.
Este debería reforzarse todavía más tras la ratificación por parte de Chile -el último país sudamericano que faltaba- del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y la expiración en noviembre de una salvedad formulada por Colombia que permitirá a esa corte investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en ese país.
Susan Lee consideró «alarmante» la situación de los derechos humanos en Colombia, cuya población civil sigue siendo la principal víctima del conflicto armado, con altas tasas de desplazados y de asesinatos.
«El nuevo gobierno, sea cual sea, tiene que asumir el tema de los derechos humanos como una prioridad», declaró Lee a tres días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.
Amnistía expresó igualmente preocupación por «las desigualdades profundas y persistentes» en el continente, donde se estima que nueve millones de personas traspasaron el umbral de pobreza en 2009, a pesar de que el subcontinente sufrió menos de lo esperado el azote de la crisis.
«En un extremo tenemos los poderosos, gobiernos, empresas o individuos que creen estar por encima de la justicia, y por otro los sectores más vulnerables como los pueblos indígenas, la gente pobre y las mujeres que no tienen la posibilidad de reclamar que sus derechos sean respetados», declaró Lee.
La violencia contra las mujeres y las niñas, que según Lee es «endémica en todos los países de la región», preocupa particularmente a Amnistía, sobre todos porque en algunos casos, como en México o Guatemala, está en aumento y, aunque existen leyes, éstas no siempre se implementan.
«Si hay impunidad, equivale a decir que eso puede ocurrir sin que haya consecuencias. Entonces, el fenómeno sigue y se incrementa», declaró Lee. «Tiene que haber investigaciones eficaces, los responsables identificados y condenados para que haya realmente la esperanza de poner fin a esta epidemia en América Latina», dijo.