El grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones respaldó el martes al juez español Baltasar Garzón, manifestando «preocupación» por su enjuiciamiento por haber tratado de investigar los crímenes de la Guerra Civil española (1936-39) y el franquismo (1939-75).
Para el grupo de trabajo, formado por cinco expertos independientes, entre ellos el mexicano Santiago Corcuera, «una ley de amnistía va en contra de las disposiciones de la Declaración (de la ONU para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas) por la que el Estado se compromete a investigar, a perseguir y a castigar a los responsables de desapariciones, aún cuando dicha ley haya sido aprobada por referéndum».
El juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, ordenó hace dos semanas el juicio a Garzón, para el que todavía no hay fecha, por un supuesto delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, ndlr), lo que implicó la suspensión cautelar en sus funciones.
Garzón está acusado por las organizaciones de ultraderecha de haber querido investigar sobre las víctimas y los crímenes del franquismo pese a la ley de amnistía de 1977, votada dos años tras la muerte del dictador Francisco Franco, una versión rechazada por la fiscalía general.
Hace una semana el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español autorizó al juez a marcharse como asesor a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya a pedido del fiscal argentino Luis Moreno-Ocampo, pese a la suspensión cautelar.
Los expertos de la ONU subrayan también que «las familias de las víctimas de desapariciones en España tienen derecho a la verdad. La reconciliación entre el Estado y las víctimas de desapariciones forzadas no puede tener lugar sin que cada caso individual se clarifique», añaden.
Para el grupo de trabajo de la ONU «el Estado tiene la obligación de poner al día la verdad en cuanto se refiere a la suerte de una persona desaparecida».
Desde el inicio de las acciones judiciales en su contra, el juez español ha recibido el apoyo de numerosos juristas del mundo entero que estiman que los crímenes contra la humanidades no prescriben y que la ley de amnistía española no es conforme al derecho internacional.
La imputación de este pionero, de fama mundial, de la «justicia universal» ha sido muy polémica en España y en América Latina.
Garzón recibió el pasado miércoles la visita de «solidaridad» del presidente boliviano, Evo Morales, tras la de la presidenta argentina, Cristina Kirchner, el lunes anterior.
En América Latina, el juez Garzón está considerado «como un gran defensor de la democracia y de la justicia», declaró el presidente boliviano.
El magistrado se entrevistó en la embajada argentina con la presidenta Kirchner que le transmitió su «apoyo», su «gran respeto» y su «admiración institucional». Ese mismo día, en la noche, recibió en París un premio por su defensa de los valores democráticos.