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Apolinario Urí­zar, Esteban Yuja y Esteban Tello eran tres agricultores y comerciantes que, como otros, sabí­an poco o nada sobre el uso de armas. Realmente no les importaban. Más bien, se preocupan todos los dí­as por el azadón y el machete que usaban en la milpa. El campo y su familia eran toda su vida.

Sin embargo, en el marco de la guerra interna y en medio de un ambiente hostil, los tres jefes de hogar originarios de la aldea Los Regadí­os, de Quiché, junto a otros hombres de localidades cercanas, tení­an que dejar sus casas por las noches, para ir a patrullar. Habí­an sido enlistados en las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), con las que se hací­a frente a la insurgencia.

La vida en la aldea era difí­cil, aunque los pobladores ya estaban acostumbrados a la presencia militar, por lo que al cabo de los meses, el patrullaje ya parecí­a una tarea normal. Todo marchaba con tranquilidad, hasta el 11 de julio de 1982 cuando, en una noche húmeda de invierno, los tres vecinos coincidieron en el turno de patrullaje.

Dieron las 6 de la tarde. Minutos más tarde, el grupo se dirigí­a a la aldea «La Joya de los Gatos», en donde se encontraba el destacamento de la PAC a la que pertenecí­an, cuando fueron interceptados por una columna guerrillera.

Los campesinos -que no llevaban armas consigo- se detuvieron ante la sola presencia de los insurgentes, quienes sin mediar palabra, les dispararon en reiteradas ocasiones.

Todo apunta a que los tres campesinos tuvieron una muerte instantánea, de no ser porque los familiares de las ví­ctimas dijeron después, que al encontrar sus cuerpos, notaron que tení­an heridas realizadas con armas punzo-cortantes, que dan lugar a pensar que antes de morir fueron torturados.

Luego del ataque, el resto de patrulleros que acompañaban a las ví­ctimas, logró escapar, y de vuelta en su comunidad dieron la noticia del trágico incidente. La comunidad, envuelta en la confusión, no sabí­a qué hacer; temí­an sufrir las mismas consecuencias, por lo que optaron por huir hacia las montañas.

Un dí­a más tarde, un grupo de militares llegó a Los Regadí­os y cuando los campesinos se dieron cuenta de ello, descendieron de su refugio en la montaña para pedir su ayuda. Les comentaron lo sucedido. Esperaban una respuesta.

Todos juntos fueron a recoger los cuerpos de las ví­ctimas, sin embargo el grupo de soldados no permitió que llevaran los cuerpos para enterrarlos en el cementerio cercano, por lo que procedieron a inhumarlos en el centro de la misma comunidad, para que el hecho no se olvidara.

EXHUMACIí“N

Veintiocho años después del triple asesinato, con la ayuda del Grupo de Apoyo Mutuo y de los antropólogos forenses de la Fundación de Antropologí­a Forense de Guatemala (FAFG), los familiares de las ví­ctimas están deseosos de recuperar los restos de sus seres queridos para darles una sepultura digna e intentar superar esta tragedia que los ha marcado de por vida

Así­, sale a la luz una de las serias violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, pero a diferencia de lo que sucedió en el 90 por ciento de los casos, en esa oportunidad fue un grupo guerrillero el responsable del crimen, como los hubo muchos más.

El GAM estima que el caso de la aldea El Regadí­o es emblemático, pues es el primero en el que hay pruebas y testigos que dan cuenta de la plena responsabilidad de la guerrilla en crí­menes durante una guerra no declarada, y es la primera exhumación que la organización se hace en ese sentido

Mario Polanco, director del GAM, explica que las ví­ctimas formaban parte de las PAC, al servicio de las fuerzas represivas del Estado durante el conflicto armado, sin embargo el Ejército no les proporcionaba armas «por la desconfianza que les tení­an» y solamente «andaban con palos», por lo que no habí­a razón para asesinarles.

Estamos muy agradecidos por lo que ustedes están haciendo hoy aquí­» dijo la esposa de Urí­zar, sosteniendo una foto de su marido cuando los antropólogos exhumaron las osamentas de las ví­ctimas.

La importancia de este evento radica en que la gran mayorí­a de las exhumaciones en Guatemala se han hecho para recuperar los restos de ví­ctimas del Ejército, o de las PAC, grupos armados irregulares apoyados por el Ejército. Sin embargo, hay casos como éste donde población civil también fue ví­ctima de la guerrilla y en todos los estratos sociales.

Pese a que la verdad sobre lo ocurrido ya salió a la luz con pruebas testimoniales, los familiares de las ví­ctimas todaví­a no reciben el resarcimiento económico ni los beneficios otorgados a otras ví­ctimas.

De acuerdo con el GAM, al Ejército se le atribuyen más de 150 mil muertes y más de 45 mil desapariciones forzadas, no obstante los movimientos guerrilleros también tienen cuotas de responsabilidad, por lo que deberí­a haber asimismo un resarcimiento para las ví­ctimas de la insurgencia.

Actualmente, esa organización acompaña a más de nueve mil casos de violaciones a derechos humanos del conflicto, aunque sólo a unos pocos se les proporciona ayuda económica, y a un número menor se le facilitan proyectos productivos y habitacionales.

Polanco critica que el Gobierno «bloquea» estos casos porque son impulsados por el GAM; sin embargo, la organización continúa con el seguimiento jurí­dico de alrededor de 102 investigaciones sobre violaciones a derechos humanos en la guerra interna.

ESCLARECIMIENTO

Entre 1960 y 1996, Guatemala vivió uno de los enfrentamientos armados más violentos y horrendos de América Latina. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) en el informe «Guatemala Memoria del Silencio», que se presentó en 1999, estimó que el saldo de muertos y desaparecidos en Guatemala llegó a más de 200 mil.

La Comisión señala que, como parte de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado de Guatemala, se cometieron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales de mujeres, así­ como genocidio contra grupos indí­genas mayas.

El informe de la CEH explica que como parte de su estrategia, el Ejército de Guatemala identificó a los grupos mayas como aliados de la guerrilla y enemigos internos, además «con la intención de destruir a los grupos indí­genas», eliminó a lí­deres comunitarios, cometió masacres y acciones degradantes para aterrorizar a la población.

La CEH concluyó que el Estado de Guatemala fue responsable del 93% de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el enfrentamiento armado, lo cual incluye al Ejército, a los grupos paramilitares y otras fuerzas de seguridad.

La guerrilla habrí­a sido responsable del 3% de los actos de violación de los derechos humanos y otros grupos sin identificar del 4%.

La Liga de Higiene Mental, en 1999, a través del Programa Todos por el Reencuentro, inició el trabajo de búsqueda y reencuentro de casos de niñez desaparecida por la guerra en Guatemala, como respuesta a la necesidad social de miles de familiares que reclaman verdad y justicia para su dolor.

Después de más de 10 años de trabajo, el proyecto tiene en proceso de investigación más de 600 casos de niños y niñas desaparecidos.

Los familiares de los niños desaparecidos, que pertenecen al proyecto, viven en más de 227 aldeas de las regiones del paí­s donde el conflicto armado tuvo sus efectos más trágicos.

PROGRAMA POLITIZADO

Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, denuncia que actualmente el PNR está politizado y en varias ocasiones son beneficiadas solamente las personas allegadas al gobierno de turno.

«El PNR ha funcionado muy mal y ha sido una institución que ha servido para negociar, no tanto para las ví­ctimas de la guerra, sino más bien polí­ticas», declaró Garavito.

Dentro del marco del conflicto hubo violaciones a derechos humanos tanto de la guerrilla como del Ejército y de acuerdo con el entrevistado, los familiares tienen todo el derecho de la búsqueda de la reparación de los daños por parte del Estado.

La liga funciona con cooperación religiosa europea y no cuenta con ningún apoyo estatal para poder funcionar y a pesar de haberse reunido con el vicepresidente Rafael Espada, todaví­a no tienen ninguna respuesta a los casos que defienden.

Garavito reconoce que es gracias a las comunidades religiosas de Europa, que han podido colaborar a la dignificación de las ví­ctimas.

Otro de los problemas observados por la Liga de Higiene Mental es que en su mayorí­a el PNR solamente se limita a entregar ayuda económica, pero no contempla otras cuestiones como los aspectos culturales y psicológicos.

Entre el trabajo realizado por la Liga tienen establecido un reencuentro de dos hermanas que fueron dadas en adopción durante el conflicto civil como gemelas y el 5 de mayo tení­an planificado un reencuentro con sus familiares.

En el caso de los crí­menes en El Regadí­o señaló Garavito que «aunque haya sido la guerrilla, ellos tienen el derecho al resarcimiento; no le quita el derecho al familiar como ví­ctima del conflicto a pedir resarcimiento, hay que incorporarlos dentro de esa medida».

Se intentó conocer la reacción de César Dávila, director del PNR, pero no atendió a los llamados de La Hora.