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«Mi deber no depende del de otro, y he de cumplir con el mío, pese a su olvido»
Pierre Corneille
Uno de los graves problemas que afronta la sociedad guatemalteca es la utilización de menores de edad por el crimen organizado y la delincuencia común, que han encontrado en la inimputabilidad de los mismos una alternativa para cometer los delitos más deleznables, sabiendo perfectamente que por su edad no podrán ser llevados ante un tribunal, lo que los convierte automáticamente en potenciales instrumentos para la comisión de cualquier ilícito, creando, aunque sea como una excepción una generación de seres sin escrúpulos ni sentimientos.
El problema es bastante complejo, ya que los menores de edad se asume que no tienen la capacidad de discernimiento para saber las consecuencias de sus actos, por lo que no tienen capacidad legal, asimismo, tampoco responsabilidad aparente.
Pero la realidad es totalmente diferente, en Guatemala, y en el mundo entero los menores de edad viven conflictos que la mayor parte de la sociedad pretende ignorar, un factor importante en la conducta de los jóvenes y niños son los sucesos de su entorno. Un elemento trascendental es el hogar; en el país el hogar, tal como se concebía hace 30 años, ya no existe, los hogares actualmente en su mayoría son compuestos por mamá y los hijos, la figura del padre ha desparecido del entorno familiar por decisión propia de la mayoría de los hombres, quienes en ningún momento valoran el grave daño psicológico que los hijos sufren al ver destruido el hogar, según los psicólogos la forma en que el padre abandona el hogar afecta profundamente a los hijos, sumado a que a la mujer al tomar el doble rol, se le complica conducir las vidas que quedan solamente a su cargo.
Otro elemento es el machismo imperante en la sociedad, y la equivocada postura de la Iglesia, posición que no comparto, y que de una u otra forma no permite una cultura de paternidad y maternidad responsables, pero aún con dogmas y tabúes la irresponsabilidad de hombre y mujer es compartida, aquí hay dos variables, una cuando los hijos son del mismo padre, y otra cuando no lo son, en las dos variables esa negligencia de tener hijos por tenerlos, o creyendo que un hombre va a amar a una mujer por un hijo, a mi criterio no tiene justificación alguna.
En otro contexto se encuentra el gobierno, sin importar quién sea el encargado de ejercer la función pública, la irresponsabilidad de quienes han gobernado desde 1985, es compartida al no haber cumplido con el mandato establecido en los artículos 20 de la Constitución que en su segundo párrafo establece «Los menores, cuya conducta viole la ley penal, serán atendidos por instituciones y personal especializado. Por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detención destinados para adultos. Una ley específica regulará esta materia.»
Y el 47 que determina «El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decir libremente el número y espaciamiento de sus hijos.»
Después de 25 años de existencia de la actual Constitución, ningún gobierno ha asumido la responsabilidad establecida en los artículos citados, el Congreso naturalmente tiene su enorme cuota de responsabilidad, ya que no han cumplido con presentar un proyecto de ley en donde se pueda evidenciar la voluntad de emitir la norma ordenada en la Carta Magna.
Pero siendo prácticos no se necesita una ley forzosamente para cumplir con lo que la Constitución ordena, es necesaria voluntad política y social más que legal. Pero ¿Qué ha sucedido? Que durante 25 años todos nos hemos hecho los desentendidos y el problema hoy tiene connotaciones alarmantes, ya que en las áreas marginales nacen cada día más niños, y cada día también más jóvenes se integran a los grupos delincuenciales, pero el segundo no es solamente un problema de las áreas marginales, basta con ir a La Antigua, la Zona Viva o cualquier lugar de distracción para encontrar jóvenes imberbes consumiendo alcohol y drogas. No hay un estrato social económico ni religioso que se encuentre libre de culpa. Cuando el mal es muy grande, también grande debe ser la cura. El Estado debe cumplir con su función ejecutando lo que ordenan los artículos 47 y segundo párrafo del 30 de la Constitución. Para exigir tal cumplimiento creo conveniente que se plantee una Acción de Inconstitucionalidad por Omisión, derecho que no se ha ejercido en Guatemala, pero nunca es tarde si del bien social se trata.
¿Quien entonces, es el responsable de la debacle de la juventud en Guatemala, cuando muchos jóvenes y niños han perdido la calidad de seres humanos y se convierten en máquinas de la muerte? TODOS/AS NOSOSTROS/AS.
Es el momento de hacer algo, solamente unidos podemos, invito al CEDECOM, y a otras instituciones afines para que exijamos se cumplan las garantías mínimas constitucionales mencionadas, o cada día nos acercaremos más a la aniquilación inminente de nosotros mismos/as