La crisis mundial está arrinconando al Estado puesto que primero le arrebató el papel regulador y ahora se le está quitando el papel benefactor. De entrada, si el fin esencial del Estado es promover el bien común, hay que entender que la desaparición de un estado benefactor, es decir proveedor del bien común, significa de hecho la aniquilación del Estado en su concepción clásica porque proveer salud, educación, seguridad, justicia y oportunidades ha sido históricamente la función más importante que se le asigna en todas las constituciones, pero ahora resulta que hasta en esa función tiene que reducir su importancia.
Las doctrinas que impulsaron la reducción del Estado a su mínima expresión apostaron a la eliminación de la capacidad reguladora del Estado en aras de un concepto que privilegió al mercado. Ninguna norma o regla podía emitir el Estado para influir en la actividad económica porque el dogma afirmaba que el mismo mercado tenía sus propias medidas de autocorrección para evitar abusos de los particulares. La crisis económica mundial demostró que era falsa esa idea porque nunca apareció la mano invisible que según los liberales se haría cargo de eliminar los excesos de los particulares. Pero ahora resulta que la crisis, provocada por la corrupción y la falta de controles para impedir abusos tanto de los particulares como de los funcionarios que se dejaron corromper, desencadenó un serio problema fiscal en la mayoría de países y lejos de que los causantes del descalabro sean los que paguen las consecuencias, se tiene que recurrir a un serio mecanismo de ajuste estructural, otra vez patrocinado por el mismo Fondo Monetario Internacional, que no es sino la aplicación al mundo desarrollado de las recetas que empobrecieron a los países del Tercer Mundo con la supresión de aquellas actividades estatales que pretendían compensar los niveles de pobreza. Ni el trabajador, ni el jubilado, ni el joven que busca oportunidades mediante la educación, fueron causantes del descalabro mundial que obligó al Estado a colocar sus recursos en el salvamento del sistema financiero. Ahora, cuando hacen falta los miles de millones que se asignaron a los programas de reactivación de los grandes bancos del mundo, no se les pide a éstos que devuelvan lo que recibieron, sino se le arrebata a esos trabajadores, jubilados y jóvenes el peso del sacrificio mediante la propaganda de que está agonizando el Estado benefactor, como si ser benefactor no fuera la función esencial de un Estado que tiene la tarea de promover el bien común. Y los mismos que empobrecieron a los países por su falta de ética en el manejo financiero, son los que ahora apuntan sus baterías a los compensadores sociales que han generado estabilidad política en el mundo desarrollado. Acabaron con la regulación y ahora se proponen acabar con el bienestar.