Como ciudadanos y como conocedores de la forma en que se comportan las autoridades guatemaltecas y el valor que le atribuyen al aspecto cientí­fico cuando está en juego el interés de alguna gran empresa que logró sus licencias mediante los procedimientos ya conocidos, babosos debí­amos de ser si aceptáramos que para convalidar un estudio realizado por cientí­ficos de la Universidad de Michigan, expertos en investigación y que utilizan los métodos más modernos para realizar su trabajo de campo y tabulación de las informaciones, hiciera falta que esos datos fueran «comprobados» por algún inepto o, peor aún, corrupto funcionario de alguno de los ministerios que refiere el asesor de la mina Marlin. Por supuesto que desde el punto de vista legal la mina está amparada por la garantí­a que le significa precisamente que nuestras autoridades legalmente constituidas no van a mover un dedo para garantizar la salud de los guatemaltecos ni la protección del ambiente. Es más, ya el mismo Vicepresidente de la República se dio a la tarea de poner por lo menos en tela de duda el carácter cientí­fico de lo que contiene el estudio de la Universidad norteamericana, como si una entidad de esas pusiera su prestigio en juego simplemente para cumplir con una agenda de intereses polí­ticos. Precisamente por ese cinismo que hay para atender los reclamos de la población es que ni las autoridades locales ni, mucho menos, las empresas mineras tienen ningún nivel de credibilidad. Tanto es así­ que socios de la empresa matriz de la minera también ordenaron la realización de estudios que tienen que ver con el tema de los Derechos Humanos y la forma en que son o no respetados y la conclusión ha sido también adversa a la corporación. De conformidad con el ilustrado criterio del abogado de la minera, hace falta la profunda y reconocida opinión, siempre imparcial e impoluta, de los funcionarios de los ministerios de Salud, de Ambiente y de Minerí­a para certificar la validez del estudio que divulgó la Universidad de Michigan y que tanta roncha ha levantado. Las credenciales de los investigadores que suscribieron el estudio salen sobrando si el resultado de su trabajo no es avalado por las «doctas y rectas» autoridades legalmente constituidas del paí­s.