Cuando habla de la mina Marlin, el Vicepresidente de la República no puede ocultar su tremenda simpatía por ese proyecto que ha recibido en esta semana dos reveses importantes. Primero fue el estudio de la Universidad de Michigan, en el que se señala la existencia de metales tóxicos en la sangre de pobladores de las proximidades de la operación minera y luego ha sido la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pide adoptar medidas cautelares en beneficio de los pobladores, y en ambos casos el doctor Espada, quien durante la campaña presumió de ser un científico, ha respondido más como vocero de la minera que como funcionario y como una persona enterada del valor de un estudio realizado por científicos.
Basta un pequeño esfuerzo de investigación, que cualquier «científico» haría, para indagar sobre las credenciales de los responsables del estudio de la Universidad de Michigan y la verdad es que esas demuestran que ellos sí tienen ese carácter que Espada se atribuía en tiempos de campaña. Obviamente no es lo mismo tener habilidad manual para realizar cierto tipo de intervenciones que la formación de los investigadores que dedican su vida a la realización de estudios debidamente sustentados mediante técnicas mundialmente aceptadas para recopilar y procesar información. Hablando de corrupción e hipocresía, vale la pena preguntarse si no hay mucho de eso en ese papel de un funcionario público que con tal de no ofender a los inversionistas llega al punto de poner en tela de juicio el carácter científico de un trabajo patrocinado por una entidad seria como la Universidad de Michigan que no avalaría la presentación de datos si los mismos fueran elaborados por profesionales incompetentes o sin las credenciales necesarias para la investigación. Porque quien durante años vivió en Estados Unidos y supo del valor del respaldo de entidades como una Universidad estatal significa para la publicación de un estudio, no puede poner en tela de duda el carácter científico del trabajo. Ahora, con el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si Guatemala no cumple con una resolución vinculante como la dictada con las medidas cautelares en el caso de la mina Marlin, vendrá posteriormente el conocimiento del caso por la Corte regional que puede ordenar el pago de indemnizaciones a los afectados. Guatemala ya ha sufrido ese tipo de condenas por violación de derechos humanos y ha erogado fuertes sumas que quedarán cortas con las que nos caigan por una condena por no acatar la resolución cautelar de la Comisión. Por supuesto que Espada tampoco entiende de derecho y por ello su respuesta no tiene más importancia que la de evidenciar que nuestro Vice es un buen vocero de la mina Marlin.