En foros, destaco que Guatemala siempre ha contado con abundancia de leyes; pero que dichas leyes han sido constantemente violadas. Podemos decir que las leyes son hechas por los poderosos, utilizando al Congreso como instrumento, para aplicarlas a los que no tienen poder. Los poderosos, desde la Conquista hasta nuestros días, están por encima de la ley. Los ejemplos de esto son tan numerosos, que ya nadie se asombra de que nuestras leyes se aprueben en inglés: la primera Ley de Minería, redactada por la EXMIBAL el CAFTA-RD, redactado en Washington, y las nuevas normas sobre minería, procedentes de Canadá.
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¡Y qué decir de las leyes redactadas por la oligarquía! Analicemos la Constitución. ¿Se dan cuenta cómo los «Padres de la Patria» se apropian de la soberanía? Los legisladores se dan el lujo de decidir que hay artículos de la Constitución no reformables, cuando la soberanía radica en el pueblo. Si éste desea dar vuelta completa al Estado fallido actual, los «criollos» de 1985 definieron que no tendría derecho de afectarles en su condición de clase dominante. Incluso, colocaron un candado: la Corte de Constitucionalidad. No se les ocurrió pensar que dicha Corte podría ella misma violar la Constitución, como ya hizo al permitir que Ríos Montt participara en elecciones presidenciales y, más recientemente, al violar la autonomía universitaria, ordenándole a la Usac la manera en que debe elegir a sus autoridades; la Constitución claramente establece que eso es potestad única de la universidad.
Por ello, coincidimos con la CICIG en que la Constitución debe ser reformada para readecuar el sistema de justicia. Pero lo que el pueblo desea y necesita es una refundación de todo el Estado. Es lo mismo que el pueblo de Honduras ha planteado y que aducía la oligarquía criolla, excepto que Pro-Reforma pretendía retrasar 150 años el reloj de la historia, mientras que nuestros pueblos -maya, garífuna, xinca y gran parte del pueblo ladino, pues la clase dominante no llega al 1% de la población- exigen que nos traslademos al siglo XXI, período del Renacimiento Indígena.
Los marcos jurídicos ya no funcionan, ni los antiguos, como la Constitución, la Ley Orgánica de la USAC -que debe ser reformada desde su interior- y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que no legisla el voto y la representación del 12% de la población que se encuentra fuera del país, hasta las leyes «modernas», como la flamante Ley del Conamigua, reformada aun antes de que entrara en vigor y causa todavía de indignación entre las comunidades de migrantes. Para la reforma de la Constitución, se necesita una Asamblea Nacional Constituyente y no recurrir a que el Congreso le siga poniendo parches. Pero en esa Constituyente, como mínimo, la mitad de sus integrantes deben ser indígenas y un alto porcentaje de mujeres, y no podemos estar ausentes los guatemaltecos migrantes. Por su parte, la comunidad universitaria debe actualizar la Ley Orgánica de la Usac, a fin de redemocratizarla, hacer que cumpla su mandato constitucional y preservar su autonomía. Por nuestra parte, los migrantes seguiremos esforzándonos por cambiar la Ley del Conamigua y, más importante, la ya inconstitucional ley electoral. Se abre la lucha histórica del pueblo por el cambio jurídico.